La Asamblea Legislativa y el gobierno central están en la obligación legal de acatar el mandato de la Corte Suprema de Justicia y pagar a los legisladores los B/.3.8 millones en concepto de salarios caídos, correspondientes al período anterior, afirmó ayer Carlos Abadía, asesor de este órgano del Estado.
No obstante, indicó que no se puede responsabilizar a la actual junta directiva por esta situación, ya que esto es producto de una acción del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa anterior.
Abadía dijo que existe un mandato de la Corte Suprema de Justicia que emitió un fallo, que debe ser acogido por la Asamblea Legislativa y los demás estamentos legales del país, ya que estas son decisiones inapelables.
El asesor legislativo expresó que con más razón si la partida correspondiente está incluida dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado, hay que pagar los B/.54 mil que corresponde a cada uno de los legisladores del período anterior.
No obstante, insistió en que el error estuvo en la administración de Ernesto Pérez Balladares y la junta directiva de hace tres años de la Asamblea Legislativa.
Bajo ninguna circunstancia se puede atribuir esto o responsabilizar a la actual junta directiva, ya que no tuvo nada que ver con la aprobación del aumento de salario a los ministros de Estado o el recurso que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia.
Abadía recalcó que el error estuvo en el gobierno del expresidente Pérez Balladares que aprobó esta acción, a pesar de estar en conocimiento de que esta era una decisión que no gozaba del apoyo popular y lamentablemente las consecuencias ahora la tiene que asumir otro gobierno.
Según la opinión de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución Nacional dispone que el salario de los legisladores debe estar equiparado al de los ministros de Estado y en vista de que a éstos se les aumentó el salario, ambos deberían beneficiarse con esta medida.
