La Asamblea Legislativa discutirá el anteproyecto de ley que tipifica y sanciona los delitos ecológicos luego de las diferentes consultas realizadas entre gremios de abogados, grupos ecologistas y entidades gubernamentales, informó la Asociación Nacional Para la Conservación (ANCON).
Según el documento luego de la aprobación de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, que creó la Fiscalía Superior del ambiente, se dieron consultas sobre protección ambiental que permitieron redactar una norma que tipificara los delitos ecológicos para establecer penas y multar a los infractores.
Oscar Vallarino, director ejecutivo de ANCON, dijo que la Ley existente es muy ambigua lo que dificulta la labor de los fiscales a la hora de actuar directamente, debido a las limitaciones que enfrentan con la interpretación de las leyes vigentes.
Dijo que ANCON ha trabajado coordinadamente con las autoridades, el Ministerio Público y miembros de la Comisión Legislativa de Ambiente para promover una nueva legislación más clara y específica que contribuya con el trabajo de los fiscales.
Es por ello que ANCON ha venido realizando talleres a fin de escuchar sugerencias y opiniones de especialistas en el tema del ambiente para dar el toque final al documento, como la realizada el año pasado con funcionarios del Ministerio Público a quiénes se les explicó el contenido de la ley de delito ecológico, explica el boletín.
Agrega que la consulta se extendió a representantes del Parque Natural Metropolitano, la Fundación Natura, el Instituto Panameño de Turismo, y el Colegio Nacional de Abogados, entre otros gremios.
Destaca que la Ley 14 permitió igualmente la creación de las fiscalías de circuito en la provincia de Colón, y la comarca de Kuna Yala, con sede en ciudad de Colón; en las provincias centrales, con sede en Penonomé; la de Bocas del Toro y Chiriquí, que funcionará en David; y la de la provincia de Darién, en la comunidad de Metetí.
En todas las fiscalías se investigarán las denuncias relacionadas con delitos del ambiente.
Vallarino manifestó que lo que se busca es lograr que la aplicación de la ley sea clara en los aspectos ambientales y permita definir los delitos ecológicos y las sanciones que se aplicarán a los que la violen.
