En el 2012, Alfredo Juncá, en calidad de funcionario de la Asamblea Nacional, tomó una licencia con sueldo para realizar estudios de un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Santo Tomás de Manila, República de Filipinas.
Juncá confirmó que con su salida de la Asamblea, se debe hacer un trámite administrativo para la devolución de tiempo que se debía en la institución.
"Yo presenté mi carta de compromiso junto con mi carta de renuncia en la Asamblea para que se haga el trámite administrativo", manifestó.
Se comprometió a pagar porque asegura que es un funcionario que se debe al Estado.
En tanto, el abogado Ernesto Cedeño fue claro en que la Asamblea Nacional tiene que hacer lo propio para recuperar el dinero que le suministró al recién elegido magistrado del Tribunal Electoral.
El artículo 190 del reglamento interno del Legislativo establece que los beneficiarios de licencias con sueldo se comprometen a servir a la Asamblea Nacional por el doble de la duración de la licencia.
A juicio del jurista, no se trata de un peculado, sino que sencillamente se hizo algún tipo de inversión en un funcionario, el cual no sería el primer caso.
Advirtió que se establecen normas de que si no lo paga, entonces sí podría haber una lesión al patrimonio.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, destacó que el tema de las obligaciones que tenía el funcionario Juncá lo conocen ahora.
"Serán las autoridades correspondientes y él mismo quienes tendrán que decidir la devolución del dinero que corresponde a la cuota parte por incumplimiento en el contrato, tal como lo establece el reglamento de Recursos Humanos en su artículo 190", sostuvo.
Dato
Artículo 190
Establece que beneficiarios de licencias con sueldo se comprometen a servir a la Asamblea por doble de ese periodo.