El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, Mateo Castillero, fijó un plazo hasta el 10 de diciembre para que el Ejecutivo defina qué es lo que se quiere hacer con el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2002, si no los partidos de oposición lo rechazarán definitivamente.
Hasta el momento no hemos recibido ninguna señal clara de parte del Ejecutivo, para definir qué es lo que se pretende ante la recomendación hecha por la oposición de rechazar el presupuesto, dijo.
Desde el pasado 17 de noviembre, los aliados del Acuerdo Mejoramiento y Transformación de la Asamblea (META) devolvieron al pleno el proyecto propuesto, acompañado de un informe en el cual se recomienda su rechazo.
Castillero señaló que hasta la fecha el Ejecutivo no ha dado muestras o no ha definido qué es lo que va a hacer: si presentarán un nuevo proyecto, funcionarán con el presupuesto vigente o acogerán las recomendaciones, y sólo se puede esperar hasta mediados de diciembre para tomar una decisión.
En el caso que no haya una definición, lo que harán los legisladores será rechazar el proyecto de manera definitiva, lo cual obligará al Gobierno a manejarse con el presupuesto del 2001 o presentar una nueva propuesta entre los meses de enero a marzo.
Castillero rechazó los argumentos esgrimidos por voceros del oficialismo que aseguran que el rechazo del presupuesto provocará el despido de cientos de funcionarios, la suspensión de algunas obras como el puente sobre el Canal de Panamá, la reparación de escuelas y otras de importancia para el país.
Indicó que todas estas obras pueden ejecutarse por la vía de créditos extraordinarios y en el caso que el Ejecutivo tenga interés real en ejecutarlas, le corresponde presentar un nuevo proyecto de presupuesto para el 2002 lo más pronto posible.
El presidente de la Comisión de Presupuesto insistió en que a estas alturas todavía el Ejecutivo está dentro del tiempo para presentar un nuevo proyecto de presupuesto al pleno de la Asamblea Legislativa, el cual debe incluir las modificaciones recomendadas por la oposición.