Asamblea fomenta la corrupción, Sossa

El procurador José Antonio Sossa acusó ayer a la Asamblea Legislativa de promover una serie de leyes que fomentan la corrupción, en donde se establecen mecanismos y procedimientos para favorecer la impunidad.
Sossa en una entrevista concedida a El Panamá América estimó que una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, de manera irreflexiva, que tocan la administración de justicia y al Ministerio Público, están promoviendo la inseguridad jurídica y social.
Para el jefe del Ministerio Público, un ejemplo de esa situación lo es las recientes reformas a la ley penitenciaria en las que se conceden facultades a la Dirección del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia, claramente inconstitucionales.
"Las reformas al Sistema Penitenciario dan a la directora del Sistema Penitenciario la facultad de hacer que no se cumplan las decisiones judiciales con el pretexto de dar permisos de trabajo y estudio fuera de las cárceles", explicó.
Alegó que ante esta situación ha remitido una nota a la presidenta Mireya Moscoso, en donde le solicita presentar objeción de inexequibilidad del citado proyecto ante la Corte Suprema de Justicia, por conceder facultades a la directora de Corrección que están por encima de la Constitución Nacional.
Mencionó además que otra ley aprobada por la Asamblea es la 59 de 1999, con la cual se le quitó competencia al Ministerio Público para investigar los casos de corrupción y obliga a la presentación de prueba sumaria para poder abrir una investigación.
Detalló el procurador que otro caso relevante lo constituye la Ley 3 de 26 de julio de 2000, que tenía como único propósito agregar un artículo al Código Penal, en donde se añadía un requisito similar a la prueba sumaria, pero esta vez en los casos de delitos de falsificación de documento.
Sostuvo que con esta última ley se logró anular una serie de investigaciones realizadas por su despacho y luego el 9 de junio del 2003, de manera sorprendente y muy callada, se ordenó su derogatoria. Añadió que esto se aprobó sin previa consulta y debate con el Ministerio Público y el Organo Judicial.
También explicó que se está haciendo un grave daño con estas leyes, porque se le impide hacer su trabajo a los organismos encargados de administrar la justicia.
A su vez denunció que se ha creado toda una serie de normas para combatir los delitos contra el derecho de autor, el régimen de las comarcas y delitos ambientales, en las que no se les conceden los recursos para poder asumir las nuevas tareas.
Por otra parte, Sossa alegó que la impunidad también se promueve en la recién aprobada Ley 46 de junio pasado, en que se establecen mecanismos de procedimiento que favorecen la impunidad al crear condiciones que hacen imposible lograr las detenciones.