La Asamblea Legislativa está preparada para iniciar en cualquier momento, el período de sesiones judiciales para definir el caso del magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Faúndes, pero todavía no ha recibido la notificación formal, informó ayer el presidente de este órgano del Estado, Enrique Garrido.
Estas declaraciones se dieron luego de que la Corte Suprema oficializara ayer su decisión de rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el legislador Roberto Abrego en el Caso Faúndes, con lo cual mantuvo el criterio de que se requieren dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa para destituir a un magistrado.
Garrido explicó que según lo dispone la Constitución Nacional las sesiones judiciales están por encima de las extraordinarias o de cualquier tema que se discuta en el Pleno Legislativo.
Garrido dijo que por el momento no hay fecha establecida para la convocatoria de estas sesiones judiciales y que esa decisión dependerá del momento en que la Corte Suprema de Justicia remita el expediente a la Asamblea Legislativa.
Mientras que Roberto Abrego, quien fungió como fiscal en el proceso contra Faúndes, expresó que la situación es complicada, ya que hay muchos legisladores que participaron en el juicio que no fueron reelegidos.
En última instancia, la última decisión del caso Faúndes será tomada por jueces (legisladores) que desconocen el expediente y que no participaron en el juicio, sostuvo.
Por otra parte, el magistrado separado Faúndes exigirá una reivindicación y su retorno al cargo, una vez la Asamblea Legislativa lo absuelva de los cargos que se le imputan, informó ayer su abogado.
José Manuel Faúndes hijo aseguró que su padre requiere de una reivindicación por parte de la Corte, ya que toda la trama montada en su contra tenía un trasfondo político que fue promovido por altas esferas de la pasada administración gubernamental.
Según el fallo de la Corte, que contó con el salvamento de voto del magistrado suplente Publio Muñoz, establece que se perturbaría el sistema constitucional de la nación si la permanencia del Presidente de la República y de los magistrados en sus cargos dependa del voto de una simple mayoría de la Asamblea.
Sostiene que la Corte no puede alterar la estructura política establecida en la Constitución Nacional y que la interpretación constitucional debe mantener el equilibrio entre los órganos del Estado.
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