Las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa, lograron un acuerdo que permitiría la aprobación del proyecto de ley que autorizaría el uso de los fondos depositados en el Sistema de Ahorro y Capitalización de los Empleados Públicos (SIACAP), informó ayer el presidente de la Comisión de Trabajo, Carlos Smith.
Según el legislador, ya son pocos los detalles que hacen falta para aprobar el proyecto de ley en primer debate y remitirlo de inmediato al pleno legislativo.
Afirmó que una vez se remita al pleno el proyecto de ley, se recomendará que el segundo debate se desarrolle con la categoría de urgencia notoria, a fin de lograr que el mismo sea aprobado antes del quince de junio.
El artículo que más polémica ha causado durante la discusión en primer debate es el que establece cómo los funcionarios que han hecho sus aportes al SIACAP podrán tener acceso a este dinero, pero ya fue aprobado, destacó Smith.
Según el artículo consensuado y aprobado, se crea un Certificado de Participación Negociable, reconocido por el Estado, el cual será expedido y entregado por el SIACAP al afiliado en el momento en que éste lo solicite.
El mismo artículo establece que este certificado puede ser utilizado como garantía para el cumplimiento de cualquier obligación, transacción o para convertirlo en efectivo.
Para convertir el certificado en efectivo, los propietarios tendrían que venderlo en el mercado secundario de valores, la Caja de Seguro Social, Caja de Ahorros, el Banco Nacional de Panamá o la Bolsa de Valores de Panamá.
El legislador Smith explicó que por medio de lo establecido en este artículo, los funcionarios podrían hacer efectivo su dinero, que es lo que la mayoría desean.
Según cálculos de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) el SIACAP mantiene fondos por B/.455 millones y hay más de 238 mil que aportaron a este fondo.
Smith detalló que sólo falta que se aprueben los artículos que pretenden establecer los controles para evitar que los bancos o empresas financieras vayan a especular con estos certificados.
La intención de los legisladores es evitar que por ignorancia o cualquier otra causal, los funcionarios vayan a vender sus certificados a bancos o compañías que le paguen un mínimo por los fondos aportados por años a este sistema.
