De injusta y violatoria a los derechos humanos calificó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, la vigencia de la Ley 34 de 1979 que regula la actividad portuaria en los puertos de Balboa y Cristóbal.
Las declaraciones de Cortés se dieron mientras acompañó a un grupo de trabajadores de Panama Ports Company (PPC) a la Asamblea Nacional para solicitar a ese órgano del Estado la creación de una comisión que se encargue de modificar o derogar la ley.
La petición surge, tras la firma de un acuerdo de 11 puntos que se logró en la mesa de trabajo entre la empresa, obreros y la titular de trabajo.
El acuerdo de revisar o derogar la Ley se pactó luego de cuatro sesiones de trabajo, donde la empresa PPC no acogió la petición de los trabajadores de ajustarles el salario a un 30% y la garantía de 80 horas bisemanales laboradas.
Tras el compromiso de que la norma sea revisada, los cerca de cuatro mil trabajadores que laboran en ambos puertos acordaron levantar el paro y mantenerse vigilantes de las modificaciones.
En tanto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Marcos González, quien recibió a la delegación, se comprometió en crear la comisión especial para que antes de que concluya el periodo legislativo las modificaciones sean aprobadas por el pleno.
Se espera que en la comisión participe la empresa y el abogado de oficio de los trabajadores para identificar los artículos de la ley que violan las normas de trabajo nacionales e internacionales.
