La Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa aprobó una resolución en la que le pide al Organo Ejecutivo la derogación del Decreto Ejecutivo No.81 del 25 de agosto de 1999 que reglamenta la primera opción de compra de viviendas en las áreas revertidas.
El presidente de esta comisión, Wilberto Quintero, presentó una resolución que será enviada al Ejecutivo donde se pide la derogatoria de este decreto por considerarlo inconstitucional.
Las declaraciones de Quintero se dieron durante la comparecencia de los trabajadores de la Comisión del Canal de Panamá ante la Comisión de Vivienda de la Asamblea, donde denunciaron que la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) está incumpliendo los términos del contrato de compra y venta.
Señaló que son justas las aspiraciones de los residentes de las áreas revertidas, por lo que la mejor opción es la derogación del Decreto Ejecutivo para desarrollar una nueva norma.
Por su parte, la vocera de los residentes, Zía Elena Lee, acusó a la administración del Canal de no mantener una equidad con los precios de las viviendas, ni criterio social o humano al efectuar los avalúos.
"Me preocupa que a este grupo se le exija el pago del 10% del monto total de las viviendas, en calidad de abono en un plazo de diez días", añadió Lee.
Recalcó que la ARI ha irrespetado las servidumbres públicas porque no están sujetas a la apropiación privada, y han sido vendidas.
En tanto, el administrador de la ARI, Nicolás Ardito Barletta, manifestó su disposición a aceptar la solicitud de la Comisión de Vivienda de la Asamblea de detener el proceso de venta de las viviendas alquiladas a funcionarios de la Comisión del Canal de Panamá (CCP) para revisar los términos y condiciones establecidas en el contrato.
Barletta anotó que se requiere la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General y del Ministerio de Relaciones Exteriores para analizar la problemática de las viviendas.
Negó que la ARI haya incumplido la ley, porque los precios establecidos a las viviendas arrendadas por la CCP y el plazo para ejercer la primera opción de compra se basan en el Tratado del Canal de Panamá de 1997, en la Ley 5 de 1993; la Ley 7 de 1995 y la Ley 22 de 1999 que rigen la institución.
