Con el fin de evitar actos de corrupción o malos manejos en la adquisición de bienes y contratación de servicios, el presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, instruyó la suspensión de las órdenes de contratación directa.
A partir del momento, la Asamblea no podrá adquirir bienes o contratar servicio alguno de manera directa, cualquier transacción de este tipo tendrá que hacerse a través de la norma establecida en la Ley 56, sobre Contratación Pública.
Desde la semana pasada, Cortizo remitió un memorándum a cada uno de los directores de los departamentos de la institución en el cual además de restringir la compra de algunos productos, establece que todas estas transacciones deben cumplir con lo dispuesto en la Ley 56.
El presidente de la Asamblea dijo que la contratación directa se presta para manejos irregulares e incluso actos de corrupción y que en la Asamblea Legislativa ya casi no se cumplía con los requisitos legales, todo se adquiría de esta manera.
Durante la mañana de ayer funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, así como de la Contraloría General de la República, dictaron un seminario a los funcionarios de esta institución, a fin de explicarles la fórmula de aplicación de la Ley de Contratación Pública.
