Abogados defensores de los agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ), acusados de ejecutar torturas a un grupo de detenidos presuntamente vinculados con un secuestro, aseguraron que el Ministerio Público incumplió con el debido proceso.
El abogado Sidney Sittón, representante legal del detective José Pinzón, aseguró que a su cliente no se le ha formulado ningún cargo ni ha sido indagado y que el Ministerio Público violó el debido proceso al llamarlo a una ronda de identificación.
Sittón explicó que a su cliente se le debieron formular cargos y ser indagado para luego someterlo al reconocimiento, y que por ello no participó de la diligencia planificada para la mañana de ayer y que corresponde a la Fiscalía Superior Especial realizar los correctivos.
En tanto, una fuente del Ministerio Público reveló que la acción de los abogados sólo pretende impedir el reconocimiento de los implicados y que en una investigación preliminar se debe identificar claramente a los responsables.
El abogado Rogelio Cruz, representante legal de Raj Tikandas Mayani, aseguró que su cliente fue objeto de golpes y torturas durante su detención y que otros afectados señalaron haber sido golpeados por unidades que se cubrían el rostro con capuchas.
Cruz explicó que solicitó la separación del cargo y la detención de los presuntos involucrados, ya que los delitos imputados implican la detención preventiva. Agregó que los afectados han señalado estar en capacidad de reconocer a algunos de los agentes que les propinaron golpes y malos tratos.
Precisó que en la próxima semana se realizará una reconstrucción de la detención de Mayani para determinar si realmente los agentes de la PTJ hicieron uso excesivo de la fuerza al momento de producirse el arresto.
Dijo que con esta diligencia se pretende establecer si realmente las unidades de la PTJ incurrieron en graves faltas, como golpes innecesarios y si posteriormente también fue objeto de maltratos dentro de esas instalaciones.
El arresto de Mayani provocó una disputa entre el director de la PTJ, Alejandro Moncada, y el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, que provocó un distanciamiento entre ambas instituciones.
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