EL ASESOR del Ministerio de Educación, Manuel Solís Palma, "debe abandonar su cargo", de lo contrario se estaría violando la ley 61 de 1998 mejor conocida como "ley Faundes", reiteró ayer a Panamá América , la procuradora de la nación, Ana Matilde Gómez.
"Esta ley hay que verla en concordancia con el Artículo 299 de la Constitución Política, que establece que son servidores públicos las personas en general que perciben remuneración del Estado", explicó la procuradora.
Sobre el caso de Solís Palma, la jefa del Ministerio Público, señaló que no importa cuál sea el instrumento jurídico que usaron para su contratación, "si se le paga del fondo público es servidor público por lo tanto tiene que acogerse a lo que dice la ley, no hay más vuelta que dar a eso".
Dijo que se trata de una persona que está cumpliendo con sus funciones, por lo que no se puede hablar de que existe un delito, "por lo que habría que verificarse". Pero agregó que el funcionario que otorga un nombramiento en este sentido está violando la ley 61.
Asegura que en el caso de las personas que contrataron a estos funcionarios, habría que analizar su actuación, para determinar si efectuaron la designación con pleno conocimiento.
Gómez prefirió esperar el pronunciamiento del procurador de la Administración en torno a este caso para emitir un concepto oficial.
Si este funcionario (Solis Palma) no sabía que con su nombramiento se estaba violando la ley, ahora que lo sabe debe enderesarlo.
Aunque la ley no contempla sanciones, Gómez explicó, que es responsabilidad de quienes contratan hacerla cumplir
La funcionaria recomendó a las entidades públicas revisar planillas.
Asesor debe abandonar cargo
La Procuradora solicitó anular nombramientos de funcionarios con más de 75 años.
