Los propietarios de las emisoras de radio a nivel nacional, que integran la Cámara Panameña de Radiodifusión (CANARA) y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), rechazaron en un comunicado el proyecto de Ley número 120 porque amenaza la libertad de pensamiento y expresión y aseguraron que no fueron consultados para su elaboración.
En un comunicado firmado por los presidentes de la Asociación Panameña de Radiodifusión, Guillermo Antonio Adames y el de la Cámara Nacional de Radio, Héctor Javier Santacoloma, negaron la versión de su proponente el legislador arnulfista, Marcos González, de que todos los sectores involucrados en la actividad informativa fueron previamente consultados antes de presentar el proyecto.
Según Adames y Santacoloma, el proyecto en forma silenciosa amenaza la libertad de expresión y pensamiento, y son muy claros al rechazarlo por considerar que mantiene las leyes mordaza en vigencia.
Ambos, presidentes de la Cámara Panameña de Radiodifusión (CANARA) y la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), sostienen que el proyecto en su parte medular responsabiliza al periodista que haya producido o recoja una información que posiblemente injurie o calumnie a cualquier persona u organismo.
Agregan que igual la persona natural o jurídica que sea dueño del medio, como el director del mismo pueden ser responsables.
Rechazan el proyecto porque de manera encubierta permanece la amenaza de aplicar cualquier sanción a quien o quienes, a juicio del afectado, le atribuyan a su pronunciamiento las características de una calumnia o de una expresión injuriosa.
En el comunicado reafirman que todos los propietarios de las emisoras de radio a nivel nacional, que integran la CANARA y la APR, no fueron citados a ninguna reunión en la que se haya acordado este proyecto.