Las autoridades aseguran que "no hay plata" para hacerle frente a esos reclamos, ya que el Estado tendría que desembolsar un estimado de B/. 400 millones si accede a las "presiones". Aunado a esto, están las 45 "leyes especiales" que otorgan todos los años aumentos automáticos a unos 10 mil empleados públicos de salud, educación y seguridad pública.
El titular de Economía y Finanzas, Carlos Vallarino, ha dicho que no hay recursos e informó que se le adeudan B/. 55 millones a 270 ex servidores despedidos por la Ley 25 de 1990; B/.7.8 millones en vigencias expiradas en el Ministerio de Educación; B/.10 millones por indemnizaciones sindicales; B/.6.3 millones en salarios caídos a policías y representantes de corregimiento.
También reveló que hay pagos pendientes por B/.1.2 millón en salarios caídos ordenados por la Corte Suprema de Justicia; B/.3 millones en el Ministerio de Salud, por cambios de categorías al igual que B/.700 mil en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario por esa misma causa.
Los trabajadores, por su lado, desestiman esos planteamientos y se preguntan porqué no bajarle el salario a los magistrados del Tribunal Electoral, a los ministros de Estado, al fiscal electoral, a los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y demás funcionarios que ganan hasta unos B/. 10 mil mensuales, cifra que comprende, en la mayoría de los casos, B/. 6 mil de salario y B/. 4 mil en gastos de representación.
A ellos se les suman los diputados, cuyos salarios, dietas, regalías y privilegios, suman miles de balboas para cada uno. En salario devengan unos B/. 7 mil.
Vallarino enfatizó que el Gobierno ha atendido demandas de otros grupos de servidores y ex empleados públicos por el orden de B/.33 millones. Entre ellos, los B/.3.4 millones a los ex trabajadores del ferrocarril; B/.3.3 millones a los ex empelados portuarios y B/. 7.8 millones a funcionarios de la CSS por la liquidación a través de la Ley 51. Para mediados del 2007, el Gobierno debe equiparar el salario de los funcionarios al mínimo que reciben los del sector privado. Se trata de unos 20 mil servidores públicos que ganan sueldos de 200 a 230 balboas. Esa equiparación implicará desembolsos del Estado por unos B/.16 millones anuales.
Los fondos provendrán de los recaudos del Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR) y que entrará a regir -sin carácter de pago retroactivo- el 1 de julio de 2007. Esto significa que a partir de enero, ningún funcionario debe ganar menos de B/.284.96 mensuales. Un informe del primer trimestre, indica que la planilla se redujo en 4, 310, ubicándose en 157, 340. De esta cifra, el 91% corresponde a empleados permanentes, el resto es eventual. En marzo, el Estado registró una erogación monetaria de B/.105.3 millones, que representa un gasto de planilla anual de B/.1, 263 millones. El salario promedio de empleados ha subido un 21% en los últimos 12 años.
Las cifras de la Contraloría de la República no contemplan a los trabajadores de la Autoridad del Canal ni de los municipios, tampoco sus ingresos.
