Año tras año, la Caja de Seguro Social (CSS) desembolsa más de 37 millones de dólares al Ministerio de Salud (MINSA) y a otros hospitales por la atención de pacientes asegurados.
El presupuesto, que fue proporcionado por Javier Díaz, director de los Servicios en Salud de la CSS, no satisface a las autoridades de los hospitales que brindan atención a los cotizantes y sus beneficiarios; lo catalogan de insuficiente.
Por otro lado, la institución, cuya principal fuente de ingresos es el aporte de todos los asalariados, no ha podido calibrar con costos reales lo que invierte en la prestación de servicios a las personas que no tienen seguro social.
Con el MINSA mantiene diferencias desde hace décadas sobre las deudas por los servicios prestados entre ambas instituciones, controversia en la que intervino la Contraloría mediante una auditoría que realiza en estos momentos.
El representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CSS, Guillermo Puga, asegura que el error se cometió porque jamás se manejó un sistema que automáticamente reflejara el costo.
“Si usted no lleva un registro, se acumula y es difícil precisar al final del año cuánto representan los costos. Hay una acumulación de atención médica que no se está contabilizando”, agregó.
Para Puga, el hecho de que la CSS tenga que pagar al Estado por las prestaciones de salud de los asegurados, “es un tema delicado, porque a veces si decimos no, afectamos al paciente”.
Insuficiente.
El contrato más oneroso para la CSS es el que mantiene con el Instituto Oncológico Nacional (ION) por 13.3 millones de dólares anuales, lo que no es suficiente para lo que gasta este hospital en el tratamiento de asegurados con cáncer.
El director médico del ION, Aníbal Villa-Real, precisó que la deuda “simbólica” de la CSS asciende a 30 millones de dólares.
Villa-Real la definió así, porque este monto, a razón de 6 millones de dólares anuales, lo cubre el Estado a través de un crédito extraordinario.
El oncólogo considera que existe celo profesional, ya que desde la anterior administración, la CSS ha restringido la atención de asegurados en el Oncológico, bajo el pretexto de ahorrar gastos, lo que a su parecer no se justifica porque lo primero debe ser garantizar la salud.
Esta restricción no es nueva, ya que con el Hospital del Niño también se practica, lo que en su momento fue criticado por las autoridades del centro médico.
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud indica que la tendencia con la nueva Ley de la CSS es disminuir la utilización de servicios externos y las transferencias al Estado.
La CSS utiliza fondos del programa de Enfermedad y Maternidad para cumplir con los convenios suscritos con el MINSA y 4 hospitales, los cuales, a pesar de que se manejan mediante la presentación de facturas, no reflejan un costo real de los servicios prestados.
Al Hospital Santo Tomás, le paga por pruebas de resonancia magnética a asegurados, ya que no da abasto, por contar con un solo equipo.
Sin embargo, el principal servicio que se ha pactado con el hospital es la atención de 180 pacientes en la Sala de Hemodiálisis, por el que paga 4.5 millones de dólares.
El vocero de estas personas, Alexander Pineda, destacó que la contratación por 52 meses, además de beneficiarlos, le da el tiempo necesario a la CSS para que pueda construir nuevas salas y equipos para su tratamiento y control.
Pero como cotizante, le preocupa que estos servicios externos se estén dando porque a la CSS le es más barato atender por sus propios medios a los asegurados.
