Transcurrida la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, es de rigor hacer reconocimiento público a la presidenta Mireya Moscoso por su conducción exitosa del evento realizado el 17 y 18 de noviembre de 2000. Panamá ha fortalecido su imagen internacional y enviado un mensaje importante al mundo: manejamos satisfactoriamente el Canal y estamos dispuestos a protegerlo contra cualquier amenaza.
También es de justicia destacar la labor eficaz cumplida por los organismos panameños de inteligencia, que supieron garantizar un clima de tranquilidad y seguridad durante la Cumbre. Los funcionarios del ramo actuaron con diligencia y profesionalismo, a pesar de la modesta dotación de recursos asignados a este rubro y a los prejuicios y la paranoia que, en nuestro país, rodean a la palabra "inteligencia".
Con nuestro reconocimiento también van nuestras observaciones: estamos dispuestos a proteger el Canal y defender el país, pero no estamos capacitados aún para hacerlo al nivel necesario. La Cumbre demostró la necesidad impostergable de crear entidades de seguridad de nivel superior para demostrar que Panamá puede y debe ser sede de las más importantes reuniones y organismos internacionales y que es capaz, además, de brindar férrea protección en sus fronteras.
TERRORISMO: UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Los planes para asesinar al presidente de Cuba, Fidel Castro, por parte de un grupo de personas de distintas nacionalidades (cubana, estadounidense, hondureña y panameña) constituyen un delito de lesa humanidad y uno de los más graves crímenes que puedan cometerse contra la paz y el Derecho Internacional.
Afortunadamente para todos, la coordinación estrecha entre los servicios de seguridad de Cuba y Panamá frustró un atentado que iba a remecer, atemorizar y escandalizar a la comunidad internacional.
Nos parece aterradora la confirmación de que los explosivos vinculados al intento de asesinar al presidente Fidel Castro tenían la capacidad de destruir todo lo que se encontrase dentro de un kilómetro cuadrado o, peor aún, en un radio de acción de un kilómetro.
Si tomamos en cuenta que los terroristas pensaron cometer el crimen en alguno de los lugares previstos por el presidente cubano, resulta estremecedora la posibilidad de que hubiesen sido asesinados también todos o al menos varias decenas de otros jefes de Estado, de gobierno, cancilleres y personalidades que gozan de protección especial conforme a tratados internacionales. Después de todo, la caravana de presidentes no rebasaba un kilómetro de longitud.
Por otro lado, la detonación de los explosivos en el Paraninfo de la Universidad de Panamá -el sitio preferido según las declaraciones de algunos detenidos-nos hubiera ocasionado la muerte a cientos de personas (autoridades universitarias, profesores, estudiantes y público en general), aparte de la del presidente cubano, sus acompañantes y personal de seguridad, y el campus hubiese sido destruido por completo.
Por ello, aplaudimos la Declaración del Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá, del 30 de noviembre de 2000, en la que se denuncia: "Si tales planes terroristas hubiesen tenido el resultado previsto, no solamente habría muerto el presidente Castro sino que, inevitablemente, habrían sido asesinadas nuestras más altas autoridades universitarias, la dirigencia estudiantil y centenares de participantes en dicho acto. Incluso, sus efectos podrían haber afectado gravemente al Hospital Arnulfo Arias Madrid y a la barriada circundante de Viejo Veranillo..."
Un sentido de responsabilidad debe invitarnos a la reflexión y a ejercitar nuestra capacidad especulativa. ¿Qué hubiera ocurrido si, aparte del presidente cubano, hubiesen muerto los reyes de España y los presidentes de Colombia, Venezuela, Chile y Panamá, para sólo mencionar a cinco jefes de Estado (sin contar a la reina) cuyas muertes tendrían repercusiones internacionales difíciles de imaginar?
GOLPE DE ESTADO MULTINACIONAL
Un atentado semejante tendría los efectos de un golpe de Estado multinacional. Es bueno recordar que la Primera Guerra Mundial -la mayor carnicería de la Historia- se originó en 1914 con el asesinato en Serbia del archiduque de Austria.
Para especular tan sólo sobre el impacto que tal atentado con bomba tendría en Panamá, por ejemplo (y a nuestro juicio), Estados Unidos hubiera declarado enseguida un estado de emergencia internacional y tomado control inmediato y completo de Panamá y el Canal, en virtud de su interpretación del Tratado de Neutralidad y con el pleno respaldo de la "comunidad internacional", al quedar demostrado que nosotros somos incapaces de hacernos cargo de nuestra defensa, mucho menos de jefes de Estado o de ataques terroristas al Canal.
Tómese en cuenta que España y Portugal, presentes en la Cumbre, son miembros de la OTAN, y que el asesinato de los reyes de España (o del primer ministro de Portugal) no sería tomado a la ligera. En el menos pesimista de los casos, el Canal quedaría bajo control internacional (Junta Interamericana de Defensa u OTAN).
De haber tenido éxito el atentado, el odio de los cubanos (y muchos latinoamericanos) hacia Estados Unidos se hubiera profundizado a niveles inimaginables, y la posibilidad de instaurar una democracia capitalista en la Isla se vería más remota que nunca. ¿Una victoria pírrica para la CIA?
Contrario a lo que desearían en Estados Unidos, la muerte del presidente Hugo Chávez no traería de vuelta a las fuerzas políticas tradicionales, llamadas "democráticas", que se robaron las riquezas de Venezuela, sino que instalarían de lleno a un movimiento revolucionario de los militares junto al pueblo.
La desaparición del presidente de Chile podría ser aprovechada por sus fuerzas armadas para desbancar el intento de someter a juicio a Augusto Pinochet (y compañía) bajo un presidente socialista -lo que no puede hacerse sin una virtual toma del poder por los militares- con el consiguiente derrumbe del estado de derecho y la democracia formal. En el caso de desaparecer Pastrana, las fuerzas armadas acelerarían la intervención militar de Estados Unidos dentro del Plan Colombia, que se vería favorecida por el retorno de Panamá a la tutela extranjera. Al igual que en Chile, ello sería el fin del actual orden constitucional. En suma, un cambio geopolítico de vasto alcance en el Continente bien pudiera ser una de las consecuencias del atentado.
Quizás haría falta un poco más de dignidad, más decoro y menos complejo de inferioridad para que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la X Cumbre Iberoamericana se pregunten por qué la CIA (una dependencia del gobierno de Estados Unidos) ha sido vinculada a atentados contra el presidente cubano en varias de sus Cumbres de un modo tan irresponsable que han puesto en evidente peligro a los restantes líderes de Iberoamérica y por qué la "comunidad internacional" ha sido tolerante con las actividades subversivas e ilegales de la Agencia Central de Inteligencia. Ni una sola vez siquiera, la palabra "CIA" ha sido pronunciada en alguna Cumbre Iberoamericana o reunión de la O.E.A.
¿Se explicará el obvio desprecio hacia la vida de los demás Jefes de Estado por el hecho de que el presidente de Estados Unidos no participa en las Cumbres Iberoamericanas y de que tales cónclaves lo único que hace es despertar recuerdos (¿superados?) de la Doctrina Monroe ("América, para los americanos")?
¿Creeríamos -dejando a un lado a John F. Kennedy - que la CIA ordenaría un atentado indiscriminado con explosivos en el que pudiera morir el presidente de Estados Unidos? ¿Quiénes saldrían ganando con un atentado como el que se planeó, no contra Fidel Castro sino contra la Cumbre Iberoamericana, como pálido remedio de un embrión distinto a la desprestigiada O.E.A? Y todo ello, pese a la verdad que expresó Chávez: la unidad iberoamericana no existe.
No creo que los terroristas puedan desligar a la CIA de su responsabilidad en el fallido atentado, un bárbaro acto de agresión perpetrado contra cada uno de los países representados en la X Cumbre Iberoamericana y no únicamente contra Fidel Castro.
El atentado que trajeron a nuestras pacíficas playas los terroristas y mercenarios de varias nacionalidades constituye un crimen de lesa humanidad, un crimen contra la paz y el Derecho Internacional, un crimen contra la comunidad internacional y la convivencia pacífica entre naciones y, por esa razón, dicho atentado merece un severo y ejemplar castigo.
ADEMAS DE TERRORISTAS, MERCENARIOS
Las siguientes personas han sido detenidas en relación con el atentado contra el presidente de Cuba: Luis Posada Carriles, Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoli, Santiago Alvarez Fernández Magriña, Antonio Iglesias Pons, Pedro Remón Rodríguez, César Andrés Matamoros Chacón, Roberto Carrillo, Carlos Vicente López Sánchez y José Hurtado.
Algunos de los implicados tienen impresionantes antecedentes delictivos y no vamos a analizarlos individualmente en nuestro intento, grosso modo, de aportar elementos de juicio que permitan una más precisa tipificación del delito, desde el punto de vista del Derecho Internacional, cometido en el marco de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Las cuestiones relativas a la extradición y la jurisdicción en este caso no pueden aún ser examinadas en esta etapa del proceso.
De los datos disponibles podemos colegir que algunos integrantes del comando son, además de terroristas, mercenarios. El caso más prominente es el de Luis Posada Carriles.
De conformidad con la "Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios" aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989 tras nueve años de discusión, una de las definiciones de "mercenario" es la siguiente:
"2. Se entenderá por "mercenario" toda persona en cualquier otra situación: (a) Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para participar en un acto concertado de violencia con el propósito de: (i) Derrocar a un gobierno o socavar de alguna otra manera el orden constitucional de un Estado, o de, (ii) Socavar la integridad territorial de un Estado..."
Según el Artículo 4: "Cometerá un delito toda persona que: (a) intente cometer uno de los delitos previstos en la presente Convención; (b) Sea cómplice de la persona que cometa o intente cometer los delitos previstos en la presente Convención."
Por investigaciones realizadas a raíz de distintos atentados, en Venezuela, Barbados, Trinidad-Tobago y Cuba, sabemos que algunos de los implicados en anteriores atentados a Fidel Castro admitieron haber actuado por encargo de la Fundación Cubano-Americana y haber sido reclutados en diferentes misiones por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
De lo que no cabe duda es que los miembros del comando terrorista, al intentar asesinar en Panamá al presidente de Cuba, se proponían provocar el derrocamiento de su gobierno y, por ende, socavar su orden constitucional y el derecho a la autodeterminación de dicho Estado. Esta última constituye un elemento vital de la soberanía, y es obvio que un atentado contra un Jefe de Estado es directamente un ataque a la soberanía de ese Estado.
El caso de Luis Posada Carriles es claro: fue reclutado por la CIA en 1961; durante 15 años participó en actos terroristas y de mercenarismo; reclutó él mismo y dio entrenamiento a los dos venezolanos que pusieron la bomba que destruyó en 1976 una aeronave de Cubana de Aviación, que ocasionó la muerte a 73 personas; purgó nueve años de una condena a 27 años de prisión en Venezuela por dicho atentado, evadiéndose de la cárcel en 1985; fue trasladado a El Salvador, donde se integró a un destacamento de la policía venezolana que combatía a las guerrillas de ese país; fue asignado por la CIA para entrenar a los "contras" organizados por Estados Unidos para combatir al Frente Sandinista de Liberación Nacional; se refugió en El Salvador, de donde se trasladó a Panamá para cometer un atentado contra la X Cumbre Iberoamericana y contra Panamá.
Estos son sólo algunos de los casos en que ha participado Posada Carriles, que claramente lo encajan dentro de la categoría de mercenario y terrorista.
Según el Artículo 12 de la Convención citada: "El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre al presunto delincuente, si no concede la extradición de éste, estará obligado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, a someter el caso a las autoridades competentes a efectos del procesamiento según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado. Esas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de carácter grave, con arreglo a la legislación de ese Estado.
(Primera de dos entregas)
Ex asesor de Política Exterior y Catedrático de Relaciones Internacionales
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