Alcalde Díaz y Chilibre, a merced de los buses piratas
- En sectores al norte de la capital como La Cabima, Ciudad Bolívar y Chilibre aún operan buses “diablos rojos” y buses piratas, a pesar de que hace más de un año existe el metrobús. Allá los usuarios también tienen que verse obligados a pagar el doble del pasaje que cobran estos vehículos en condiciones deplorables. La poca frecuencia del metrobús también los lleva a recurrir a la alternativa de la piratería.
- En las rutas internas de La Cabima como Villa Acuario, Nuevo México, Calzada Larga y Caimitillo les cobran un dólar a los pasajeros, aunque la distancia del recorrido sea mínima. Son alrededor de 80 busitos que no cuentan con el permiso provisional de la ATTT, pero circulan porque no existe empresa alguna que cubra esa demanda. Los “diablos rojos” que aún ruedan por esa áreas son buses que estaban fuera del sistema o traídos del interior que son inscritos con el mismo certificado y número de placa de otros buses que ya fueron indemnizados, declaró Roberto Moreno, de la ATTT. Los usuarios de esas regiones también se quejan de que los pitaras no los dejan en la zona paga de La Cabima para abordar el metrobús.
Aunque hace tres años circula en las calles capitalinas un nuevo sistema de transporte público (metrobús), hay comunidades enteras que aún sufren el vía crucis de viajar en diablos rojos.
Es el caso de los pobladores que tienen que utilizar los buses de las rutas de Tanara, Chepo, Felipillo, Nuevo Tocumen y las rutas internas de Pedregal que van hacia Villa Lobos y La Rana de Oro.
En todos estos populosos sectores, donde no llega ninguna de las 1,236 unidades de la empresa Mi Bus, los transportistas que tienen permiso de operación han decidido aumentar la tarifa de forma unilateral.
Algunos lo hacen desde el año pasado; otros, por el inicio del periodo escolar, quieren aprovechar la demanda de estudiantes para triplicar sus ganancias.
En las rutas troncales se cobra 50 centavos, cuando el precio regular es 25 centavos. Si el viaje es por el Corredor Sur, el usuario debe pagar 1.50, cuando el precio establecido es 1.25.
De igual forma, en los viajes internos, los pasajeros son obligados a pagar 50 centavos.
Esta es una medida ilegítima, aseguró Roberto Moreno, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Moreno indicó que a todo transportista que incremente el pasaje sin autorización de la institución se le revocará el permiso de operación. “Se le cancela el certificado y ese vehículo no podrá prestar más el servicio”.
La ATTT no tiene cifras de operativos ni de cupos cancelados por esta anomalía.
Dionel Broce, expresidente de la piquera de Pedregal, expresó que aunque está en desacuerdo con el aumento no aprobado de la tarifa, la piratería ha provocado el malestar de los dueños de “diablos rojos” y palancas que aún circulan en la capital.
“Es un gran problema porque en todas esas áreas tanto “diablos rojos” como los piratas prestan el servicio. Y como los segundos cobran lo que les conviene, los primeros tienen que hacer lo mismo porque la autoridad no les pone freno a los piratas”, sentenció Broce.
A todos los transportistas de esa zona se les exonera el diésel, agregó Moreno, “por lo que no tienen justificación alguna para aumentar el pasaje”.
La ATTT canaliza este tipo de denuncias a través del Centro de Atención Ciudadana, con la línea 311. Allí se reciben las quejas sobre aumentos de tarifas y luego, según Moreno, los inspectores de esa entidad acuden a comprobar si el reclamo es cierto. Este año se han reportado 30 querellas de incremento en la tarifa.
Piratas al ruedo
La irregularidad del servicio de transporte público en la ciudad capital ha generado descontento en la población, que ve cómo se le escurren las horas en las paradas a la espera de un metrobús.
Como este no llega, no para o va copado en gente, la desesperación lleva a aquellos usuarios a recurrir al plan B, los piratas.
La escena se repite a diario en los puntos de mayor demanda en el centro y las afueras de la ciudad, aún cuando el metrobús cubre 40 rutas.
Sin embargo, esta alternativa en vez de aliviar el carma que sufren los capitalinos, está generando un problema que cada vez más se sale de control.
Por un lado, los usuarios tienen que lidiar con el excesivo incremento en el pasaje. Por otro, “deben viajar en carros con pésimas condiciones mecánicas y de carrocería”, contó David Ramírez, presidente del Movimiento 23 de Octubre.
Solo ayer en un operativo sorpresa, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) sancionó a 5 conductores que prestan de forma ilegal el servicio hacia la décima provincia.
Estos vehículos en su mayoría violan las disposiciones y las reglas del tránsito, contó Jaime Toledo, supervisor metropolitano de tránsito de la DNOT.
“Los busitos piratas no poseen un extintor, no cuentan con una póliza de seguro, tienen vidrios ahumados y por lo general viajan sobrepasando los límites de velocidad”, destacó el funcionario.
Otras de las faltas recurrentes es someter a los viajeros al ruido de bocinas estridentes, conducir con llantas lisas y la actitud agresiva de conductores.
Todo propietario o conductor de un vehículo pirata que incumpla alguna de las normas de tránsito es sancionado con 150 dólares la primera vez, se les suspende por tres meses la licencia y el bus o taxi es llevado en grúa, contó Nicolás Brea, secretario general de la ATTT.
Pero para Hugo Polo, dirigente de la Unión de Transportistas del Corredor Norte (Utracon), sus microbuses cumplen con todas las reglas. También justificó la instalación de papel oscuro en los vehículos que prestan el servicio en la ruta Corredor Norte Santa Librada y Torrijos Carter. “En los busitos los usuarios pagan 1.50 porque todos van sentados y llegan más rápido a su destino”, dijo.
Carlos Harris, abogado especialista en casos de tránsito, explicó que ante la ley, los piratas son ilegales porque la Comisión de Transporte de la Asamblea no tiene autoridad ni mandato jurídico sobre la ATTT.
“La Comisión de Transporte no puede emitir ninguna resolución mandatoria sobre la ATTT”, destacó Harris.
