¿Quiénes son los inversionistas que están detrás de la piratería? Es la pregunta que ayer prometieron resolver las autoridades del Tránsito a un grupo de transportistas afiliados a la Cámara Provincial de Transporte, capítulo de Panamá, que ayer pidió un alto a la piratería.
El compromiso responde a la inquietud de los transportistas selectivos y de las rutas urbanas que exigieron en las calles, con cierres simultáneos en varios puntos de la ciudad, que se desenmascare a ese grupo de personas que opera al margen de la ley desplazando al transporte legal.
Desde muy temprano y como parte de las acciones anunciadas, un grupo de taxistas reclamó en la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) con gritos y empujones, una respuesta legal a la luz verde que se dio a 546 busitos piratas que la semana pasada la ATTT censó bajo el argumento de garantizar el viaje con las normas básicas de seguridad colectiva.
Rafael Reyes, dirigente de los taxistas, se justificó en que la acción es producto de “la indignación que se vive cuando falta que se aplique la ley contra aquello que todos sabemos es ilegal”.
Mientras los transportistas acataban el llamado hecho por los dirigentes de cierres simultáneos, en la sede de la Gobernación de Panamá, un equipo interistitucional seguía instrucciones del presidente Juan Carlos Varela.
En una sorpresiva reunión que lideró Rafael Pino, gobernador de la provincia de Panamá; Rubén Chávez, subdirector de la ATTT y el director de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, Javier Fanuco, se informó a un grupo de dirigentes transportistas que el censo no es aval para circular, pero sí la forma de conocer quiénes están detrás del negocio. “Hemos recibido la instrucción del presidente de atender la queja y crear una mesa de trabajo porque lo que queremos es tranquilidad y paz”, eran las palabras de bienvenida de Pino al grupo de transportistas convocado.
En la reunión, la Cámara Provincial de Transporte de Panamá entregó un pliego de peticiones de siete puntos en el que se destaca que “el Gobierno intervenga citando a Mi Bus para que cumpla con el propósito adquirido y a la cual le toca a la ATTT fiscalizarla”.
El grupo culpa a la empresa Mi Bus de crear un terreno fértil para la piratería por las deficiencias en el servicio, y a la ATTT por la poca fiscalización en el cumplimiento del contrato.
Al término de la reunión, las partes acordaron volver a reunirse hoy. El subdirector de la ATTT dijo que en “los próximos días se estarán anunciado las medidas. No es fácil, sencillamente es un problema”.
Violeta Serna, de la ruta Suntracs-Santa Librada, vio pocas esperanzas de que el malestar se termine cuando se conozca de quiénes es el negocio de los piratas. “Lo que se busca es que se respeten las leyes y que no se apadrine la ilegalidad perjudicando al resto”.
