Una demanda de inconstitucionalidad podría ser presentada contra la norma que autoriza al Órgano Judicial a celebrar audiencias a puertas cerradas.
La advertencia fue hecha por el ex procurador Rogelio Cruz ante la decisión de las autoridades de celebrar, a puertas cerradas, la audiencia programada para el martes 26 de octubre.
Ese día se realizará la audiencia contra las colombianas Blanca Donado y Melany Narváez, por el supuesto delito de homicidio en perjuicio de Juan Carlos Dudley, ocurrido en el 2007, quien en ese momento era el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.
La audiencia, que será presidida por el magistrado Enrique Mon, se verificará a “puertas cerradas” a solicitud de la parte querellante.
De acuerdo con Cruz, los medios de comunicación o cualquier otra persona que se sienta afectada por esa norma podría presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, porque su legalidad no está muy clara.
Recordó que cuando él fungió como Procurador, eran públicas y podían asistir todas las personas interesadas.
Agregó que muchas eran transmitidas por la radio; sin embargo, ahora se prohíbe la entrada de fotógrafos, periódicos, radio y televisión.
Para la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Aurelia Marín, no deben existir juicios de esta índole, porque limita el derecho de los medios de comunicación a informar en forma oportuna y veraz.
“Se pueden aplicar medidas de seguridad cuando la administración de justicia lo estime necesario, pero no limitar el acceso de los periodistas en la cobertura de las audiencias”, agregó.
Sostuvo que el Órgano Judicial debe facilitar el acceso a la información.
Al respecto, el ex magistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola, señaló que por regla general las audiencias deben ser públicas; la excepción de “puertas cerradas” es por razones de moralidad.
“Mi opinión es que la audiencia debe ser pública, y en su transcurso, el presidente del tribunal decide si la hace o no a puertas cerradas”.
