Una segunda auditoría de la Dirección Nacional de Auditoría de la Contraloría General sobre la ejecución y cumplimiento del contrato para el suministro, instalación, capacitación y financiamiento de un sistema de vigilancia costera para el Servicio Aeronaval, reveló "que no hubo un perjuicio económico al Estado".
Las conclusiones remitidas al contralor Federico Humbert en un informe, al que tuvo acceso este medio, enviado el 30 de abril de 2016, señala además, que la empresa "cumplió con el suministro de los equipos pactados en el contrato".
La auditoría "se realizó de acuerdo con las normas, procedimientos y técnicas de auditoría correspondientes, así como las disposiciones legales aplicables, incluyendo aquellas pruebas de auditoría que consideramos importantes, según las circunstancias", explica el documento firmado por tres auditores de la DINAG.
La auditoría en cuestión, es la segunda que se realiza por el caso de los radares, la cual, pese a las prohibiciones del Código Judicial, fue autorizada mediante la Resolución Núm.346-2015-DINAG de 19 de junio de 2015 en el actual periodo del contralor Humbert.
"Una segunda auditoría es ilegal. No se puede auditar sobre lo auditado. Está prohibido la doble investigación, por el Código Judicial y una auditoría es una investigación", advirtieron abogados de José Raúl Mulino en reiteradas ocasiones.
Ya el caso de los radares fue auditado en su momento, de oficio, por la ex contralora Gioconda Torres de Bianchini (q.e.p.d.), y se concluyó que no hubo lesión patrimonial, tal como lo ha confirmado la segunda auditoría realizada de forma ilegal por la DINAG.
La auditoría de la fallecida excontralora fue incluida en el expediente que tiene para su defensa el ex titular Mulino, quien advirtió sobre las conclusiones plasmadas en el informe a la fiscalía que investiga el caso de los radares, durante las indagatorias realizadas en su momento por el Ministerio Público.
El segundo informe de la DINAG detalla que se analizaron facturas originales, guía de embarque, listas de empaque, certificados de aceptación de instalación y puesta a punto de los equipos, en los diferentes sitios.
Además, se revisaron los certificados de aceptación del entrenamiento del personal que operaría el sistema, manuales y herramientas de prueba e informes técnicos de aceptación.
68
millones de dólares desembolsó el gobierno de Juan Carlos Varela por pagos relacionados al mencionado contrato.
