Una auditoría hecha al contrato de B/ 39.5 millones firmado entre el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) y Publicuatro para promover internacionalmente a Panamá como destino turístico, podría provocar la rescisión de este compromiso.
La auditoría plantea presuntas “lesiones patrimoniales” e incumplimientos de Publicuatro (P4), así como posibles “implicaciones penales” para ex funcionarios del IPAT.
La auditoría generó un litigio entre la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y P4. La primera inició un proceso de rescisión del contrato por presunto incumplimiento, mientras que la segunda rechaza categóricamente esta acusación y ofrece terminar la relación mediante una cesión.
El informe de auditoría, hecho por Osvaldo Moscoso, jefe de Auditoría Interna de la ATP, y Delarys Ríos, auditor, halló presuntas violaciones en siete áreas del contrato No 0507 (ver cuadro).
Denuncia el “fehaciente” incumplimiento de P4 y pide a la Administración General de la ATP que esclarezca “los irregulares hechos”, para deslindar responsabilidades.
El aspecto medular de la auditoría cuestiona el “aparente sobrecosto” en los B/ 2.5 millones usados en la producción de los seis comerciales de 30 segundos cada uno de la campaña “Panamá se queda en ti”.
El informe fue terminado el 30 de octubre pasado, sin embargo, el 26, cuatro días antes, P4 envió un informe de 20 páginas a la ATP calificando como “improcedente” el proceso de rescisión iniciado en su contra, porque asegura haber cumplido “cabalmente con todas y cada una de sus obligaciones”.
El contrato, con vigencia de cinco años, establece que P4 diseñaría una estrategia de mercadeo y comunicación, desarrollaría e implementaría un programa integrado de promoción, publicidad, relaciones públicas, mercadeo relacional y trade marketing, para promover a Panamá como destino turístico.
La auditoría plantea posibles “implicaciones penales” para el ex subadministrador del IPAT, Carl Fredrik Nordstrom, y la ex directora de Mercadeo de la ATP, Marissa de Guardia, por el supuesto “doble cobro” de viáticos.
También sugiere que “ciertos funcionarios” de la ATP, a quienes no identifica, respondan legalmente por su posible “actuación u omisión negligente”, al no hacer cumplir el contrato, dar los vistos buenos y pagar los reembolsos solicitados por la empresa.
En este grupo se incluye, a los funcionarios de la Contraloría de la República que refrendaron los reembolsos sin que se cumplieran las normas estipuladas en el contrato.
“Sin precedentes”.La auditoría cuestiona “el aparente sobrecosto” en los B/ 2,525,719.57 destinados a la producción de comerciales de televisión y el pago de B/ 350,000 a 19 artistas por derecho de autor, que abarcaron solo 12 meses y que ya expiraron.
El presupuesto asignado a la producción de los comerciales y su difusión en medios internacionales asciende a B/ 5,786,454.87 y la auditoría cuestiona que el mismo se haya dividido en 43.65% para producción y 56.35% (B/ 3,260,735.30) en difusión.
“Esta cantidad sin precedente nacional nos lleva a hacer un breve análisis de buenas prácticas publicitarias y control del gasto público, y de ser necesario, más adelante, una investigación de costos de producción comparables a los 6 comerciales realizados”, destaca.
Recomienda analizar si el “sobrecosto” viola la obligación contractual de P4 de obtener los mayores beneficios posibles para el Estado.
“Lo que sí es un hallazgo ineludible es la lesión patrimonial que surge por la división del presupuesto en relación a los costos entre la producción de esos comerciales y la inversión que se hizo de los mismos en los medios...”
Asegura la auditoría que los costos de producción de comerciales para la “mayoría” de las campañas de televisión normalmente corresponden entre el 10 y 20% del presupuesto total.
“Resulta evidente que el presupuesto de una campaña publicitaria debe dividirse de un 10% a costo de producción y 90% a inversión de pauta, hasta un máximo de 30% de costo de producción y 70% inversión de pauta”, argumenta.
Según la auditoría, P4 obtuvo, además, “ganancias diferentes a las permitidas” en el contrato, al facturar, a través de la productora VFX S.A. que pertenece a su grupo de empresas, la producción de estos comerciales, cuando solo estaba autorizada a cobrar honorarios profesionales.
Añade que no existen en las facturas presentadas por P4 y VFX “soporte alguno del gasto” de los B/ 2.5 millones y solo consta una descripción global y no itematizada de algunos servicios, por lo que la información “carece de claridad”.
Precisa que no se detallan los pagos a proveedores por pre-producción, locaciones, talento, alquiler de equipos, pasajes aéreos, comidas, hoteles, transporte interno y otros que justifiquen el millonario gasto.
“Es imprescindible acotar sobre el grado de responsabilidad de ciertos funcionarios” de la ATP por su posible actuación u omisión negligente al no hacer cumplir el contrato y proceder con los vistos buenos y reembolsos.
