Medidas
- Traslado
- En la Fiscalía Primera Superior, donde se extraviaron los siete chips, se envió de vacaciones por cuatro meses al fiscal superior encargado del caso, Luis Martínez, y los funcionarios fueron trasladados a otros despachos.
- Auditorías
- Hasta junio de este año la Secretaría de Control y Fiscalización había auditado siete despachos, entre fiscalías y personerías a nivel nacional.
- Sanciones
- Tras detectarse irregularidades dentro de un despacho judicial se procede a realizar una amonestación verbal, si no se realizan los correctivos se suspende al funcionario y, si reincide, se le aplica con la destitución de su cargo.
- Secretaría
- Esta instancia está conformada por abogados especializados en auditoría forense.
Las auditorías realizadas por el Ministerio Público en los despachos judiciales de la provincia de Chiriquí han revelado que la cadena de custodia de la evidencia que recopilaron los investigadores dentro de los procesos es vulnerable.
Informes preliminares que se rindieron ante la Secretaría de Control y Fiscalización, de la Procuraduría General de la Nación, indican que en la Fiscalía Tercera de Circuito se detectó un faltante de ocho armas de fuego que eran parte de la evidencia de varios procesos.
Aunque las investigaciones se encuentran en una etapa incipiente, en primera instancia, se procederá a tomar declaraciones a los funcionarios que laboran en este despacho.
La Fiscalía Primera Superior de Chiriquí, a cargo de Betzaida Pitty, estará al frente de las pesquisas que buscan esclarecer cómo se sustrajo dicha evidencia.
Este es el segundo caso de sustracción de evidencia que ocurre en un despacho judicial del Ministerio Público, en menos de un mes, en esta provincia. El primer suceso se registró en la Fiscalía Primera Superior, dentro de las investigaciones que se siguen por el robo y asesinato de la joven Aira Guerra; siete chips de celulares que formaban parte de la evidencia de este expediente desaparecieron.
Este proceso es llevado por la fiscal primera anticorrupción Rosa Elvira Contreras, quien se encuentra evacuando las declaraciones de los 10 funcionarios que laboraban en este despacho al momento que se dio la sustracción de la evidencia. Estos funcionarios fueron enviados a otros despachos judiciales hasta que se aclare el hecho. Esta revisión también reveló que dicho expediente estaba mal foliado.
El hallazgo de la sustracción de armas se da luego de que la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, ordenara la auditoría de todos los despachos judiciales de esta provincia, tras la pérdida de evidencia en el caso Guerra.
Por otro lado, la fiscal Betzaida Pitty aclaró que las pesquisas por el homicidio de Guerra no se detendrán por la investigación interna que se sigue por la pérdida de los chips, ni tampoco por la refoliación del expediente, proceso que todavía no ha concluido por el gran número de página que tienen los nueve tomos que se deben corregir.
