Las auditorías de la Contraloría en procesos legales es lo que ha hecho falta para que las investigaciones tengan resultados, según declaraciones de la procuradora Kenia Porcell.
"Los casos donde hay un sobreseimiento provisional es cuando hace falta una prueba y lo que nos ha hecho falta es la auditoría de la Contraloría General de la República . Cuando el documento llegue a manos del fiscal, él solicitará la reapertura de la investigación y se continúa con el proceso", explicó en TVN, la jefa del Ministerio Público.
Sin embargo, es precisamente, la apertura de investigaciones sin tener un sustento como una auditoría de la Contraloría, motivo de cuestionamientos entre abogados consultados.
Fiscales afirman que el tiempo para investigar no es suficiente.
"El Ministerio Público debería reflexionar en no abrir expedientes, si no tienen los informes de auditoría previamente, eso determinaría el debido proceso. Pareciera que están haciendo las cosas al revés", expresó el abogado Carlos Carrillo.
Agregó que, técnicamente, se puede pedir la reapertura, previo al cumplimento de las formalidades, lo que es impropio es hacer investigaciones cuando está cerrado el expediente.
Por su parte, el abogado Roniel Ortiz considera que la procuradora tiene que explicar por qué están instruyendo sumarios de forma parcializada o manipulada para perseguir a la gente y darle la responsabilidad de las pruebas a la Contraloría, cuando ellos pueden practicar en los cuatro o seis meses que dure la investigación, todas las pruebas que tienen para llegar a una conclusión y convencer al juez del caso.
"La mayoría de los casos que se están cayendo no es por la falta de un informe de auditoría, es porque las investigaciones carecen de sustento", afirmó.
Otro elemento que mencionó la procuradora, por el cual no han rendido frutos las investigaciones contra exfuncionarios acusados de corrupción es que los fiscales afirman que el tiempo para investigar no es suficiente, cuando se trata de casos como estos, que son complejos, y recalcó que los informes de la Contraloría demoran, generalmente, más de seis meses en llegar al Ministerio Público.
Ante estas palabras, Ortiz fue contundente al señalar que cuando se da un sobreseimiento provisional es porque la investigación carece de dos cosas: acreditación del hecho punible o la no vinculación de la persona.
Añadió que las investigaciones se han llevado a cabo fuera de los términos que la ley establece, lo que representa una total violación a las normas de procedimiento y a las garantías fundamentales de las personas.
"Primero se investiga y luego se detiene y las autoridades han hecho todo lo contrario en todos los casos. Hay procesos en los que las pruebas se presentaron y el auditor de la Contraloría dice que se equivocó. Aquí se ha actuado de manera desleal por parte de los fiscales", señaló.
Porcell creó tres nuevas fiscalías anticorrupción, sin embargo, el trabajo de estas dependencias continúa dilatado.
Ortiz también criticó a Porcell, luego de que esta cuestionara las decisiones de los jueces y magistrados.
"Ella está equivocada en su rol, su deber es investigar, y la facultad de valorar es exclusiva de los jueces de la República. La procuradora y sus fiscales, si no están de acuerdo con una decisión, deben presentar un recurso para que otro tribunal analice si el juez tiene la razón o no y no estar hablando públicamente de lo que no está de acuerdo", expresó.
Para el letrado Sidney Sittón, cuando un funcionario pide un sobreseimiento en su vista fiscal es porque no tiene los elementos probatorios para hacer ningún tipo de formulación de cargos.
"La labor investigativa es determinar si existe un delito y si existe la probable vinculación del sujeto", manifestó.
Porcell procede del Consejo de Seguridad, regido por un militar
En la administración del presidente Juan Carlos Varela, militares de carrera ocupan cargos importantes.
Hablamos del Consejo de Seguridad, el Servicio de Protección Institucional (SPI), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía Nacional, Aduanas, Migración y el Sistema Penitenciario, actualmente controlados por un uniformado.
Todo es manejado a través de Rolando López, quien está a cargo del Consejo de Seguridad y ha ubicado a sus más cercanos colaboradores en puestos claves.
Uno de ellos es la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, quien trabajó durante los primeros meses como subsecretaria del Consejo de Seguridad.
A Porcell se le une el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, quien fungió como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y fue también viceministro de Seguridad.
Otros son Omar Pinzón, director de la Policía; Eric Estrada, Humberto Macea, Fernando Quesada y Clarence Green.
