A diferencia de otros años, la Conferencia Episcopal Panameña minimizó ayer sus cuestionamientos hacia el Gobierno por los problemas que aquejan a la sociedad, y pidió la participación de todos los sectores para minimizar los impactos negativos que afectan la calidad de vida de los panameños.
Tras concluir la asamblea plenaria ordinaria número 183, la jerarquía católica de Panamá denunció ligeramente el aumento de la canasta básica de alimentos y las tarifas de los servicios públicos, así como la amenaza de un alza del pasaje en el transporte público.
En una conferencia de prensa, presidida por monseñor José Luis Lacunza, los obispos lamentaron que el notable crecimiento económico no favorezca al 37.3% de la población que vive en situación de pobreza y pobreza crítica, pero confiaron en que el Gobierno fortalecerá nuevas medidas de cohesión social.
"Pedimos retomar el Pacto Ético Electoral que, en el pasado, contribuyó a realizar una campaña de altura y a avanzar en la consolidación de la democracia", manifestó Monseñor Lacunza.
Pese a estos señalamientos, los prelados indicaron que no tienen previsto reunirse con los dirigentes de partidos políticos.
Reunida durante los últimos cinco días, la jerarquía Católica exhortó a las autoridades a dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia y del proceso de Concertación sobre la necesidad de desarrollar una política criminológica de Estado.
Asimismo, llamó a evitar que los intereses de grupos económicos predominen sobre la protección del medioambiente y los recursos naturales en los proyectos de explotación minera, construcción de hidroeléctricas y destrucción de bosques.
"Esperemos que comiencen a trabajar para ver por dónde van las cosas", sostuvo monseñor Lacunza.
