A medida que avanzan las investigaciones de la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa, se incrementan las "irregularidades y anomalías" en las rebajas de penas e indultos que fueron otorgadas por la presidenta Mireya Moscoso, informó ayer el legislador Miguel Bush.
En el marco de la investigación, Bush, presidente de la Comisión de Drogas, solicitó a la mandataria Moscoso que envíe a esta instancia cada una de las solicitudes o peticiones de rebajas de penas que hicieron los detenidos antes de recibir este beneficio.
Informó que según la documentación recabada, en los decretos de rebajas de penas otorgadas se establece la frase: "Que la señora Presidenta de la República ha recibido petición de rebaja de pena de...".
Por otra parte, el legislador acusó al contralor Alvin Weeden de estar "aupando" la candidatura del exministro Winston Spadafora para magistrado de la Corte Suprema, razón por la cual "entorpece" la investigación que hace la Comisión, al entregar tarde los viáticos que se usarían para contactar en Colombia a narcotraficantes que fueron beneficiados con las rebajas de penas.
Mencionó que en la revisión de los documentos a los que han tenido acceso, se han percatado que existen inconsistencias, pues hay casos en los cuales no hay coincidencia entre las fechas de algunos detenidos que ingresaron al sistema penal.
Mencionó el caso del colombiano Nicólas Pérez Díaz, quien fue condenado por tráfico de drogas a 96 meses de prisión, misma pena que se impuso Justo Benítez y Jansury Vargas, todos detenidos por el mismo caso.
No obstante, Pérez le remitió una carta desde el centro penal en la que le informa que los otros dos reos ya fueron liberados y expatriados, mientras que a él todavía lo mantienen detenido, lo cual según Bush se debe a que éste no cuenta con los medios económicos para lograr su liberación.
El presidente de la Comisión de Drogas informó además que han detectado casos de personas que ni siquiera han cumplido con el 50% de su condena y se han visto beneficiados con una rebaja de pena que debe otorgarse después de haber purgado dos tercios de su sanción.
Señaló como otra de las irregularidades, el hecho de que la mayoría de los beneficiarios de las rebajas de penas son traficantes de drogas, pero se han percatado que no se brinda el mismo tratamiento a las personas que son consumidores de estas sustancias ilegales.