Al parecer los delitos financieros se encuentran en auge en Panamá, debido a que las fiscalías de delitos financieros mantienen procesos en los tribunales por quiebras fraudulentas y uso indebido de tarjetas de crédito que superan los B/.10 millones.
En los casos de quiebra fraudulenta las fiscalías de delitos financieros requieren la decisión de un juez civil para iniciar el proceso de investigación penal.
Tales son los casos de las empresas Fotokina, Adelag, Banco Disa, Maloni y Mi Techo.
De acuerdo con la fiscal décimo tercera, Lisseth Chevalier, en estos casos hay involucrados millones de balboas en pérdidas y cientos de plazas de empleos desaparecidas.
Según Chevalier los despachos que persiguen los delitos financieros recibieron 3,590 expedientes durante el 2007.
Unos 350 más que en el 2006 y es que aquí se incluyen delitos como el uso ilegal de tarjetas de crédito, quiebras fraudulentas y blaqueo de capitales.
De acuerdo con la funcionaria la investigación de estos delitos tropieza con dificultades como la falta de peritos calificados para realizar las auditorías.
También confrontan dificultades como la falta de personal para realizar las inspecciones oculares y otras diligencias necesarias para ubicar pruebas y evidencias.
Detalló que en muchos de los delitos investigados se ha detectado que las instituciones no tienen los controles necesarios para evitar la fuga de información.
Explicó que este aspecto es fundamental para preservar la seguridad de los sistemas bancarios y así evitar que los hechos delictivos sean cometidos con facilidad.
Planteó que las investigaciones en ocasiones se hacen lentas por la gran cantidad de diligencias, documentos que revisar y la complejidad de los hechos bajo análisis.
