La muerte por cáncer cobra fuerza día a día en Panamá. Mientras que en 1990 se registraron 1,398 casos, el año pasado hubo 2,009 personas que murieron a causa de esta cruel enfermedad.
Las estadísticas de la Contraloría muestran que en el primer semestre de este año ya se registraron 1,558 muertes, lo que permite demostrar que el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el país.
El Panamá América consultó a médicos especialistas y a enfermos que relataron su experiencia y su lucha constante por combatir a esta terrible enfermedad que crece sin distinguir clases sociales, ni edades. Un vivo ejemplo de esto es que recientemente causó la muerte del humorista Ricardo Serrano "El Compa", cuando apenas empezaba a cosechar sus primeros éxitos.
Pero no todas las historias de enfermos terminan mal. Muchos panameños logran salir airosos en una valiente batalla por sobrevivir que los enfrenta no sólo al cáncer, sino además a un enemigo cruel y despiadado que aniquila las fuerzas y corroe el espíritu: el miedo.
La sicóloga de Salud Mental del Instituto Oncológico Nacional, Lina Rivas, señaló que "cuando a una persona se le detecta cáncer se deprime, se angustia, siente miedo de morir y se llena de sentimientos y emociones que tiene que aprender a manejar para poder salir adelante".
No obstante, detallaron que la mayoría de personas que llegan interesados en adquirir terrenos en Boquete son extranjeros procedentes de Canadá, Holanda, Norteamérica y nacionales en menor número.
Explicaron que las fincas en ventas que colindan con el Parque Nacional Volcán Barú, están ubicadas en el sector de Potrerillos, pero no en Boquete.
A juicio de esta empresa, la apertura de la carretera Cerro Punta - Boquete no es viable para el desarrollo del distrito porque va a mermar la importancia de descanso y tranquilidad que representa para los extranjeros y para los turistas a nivel internacional.
El interés de jubilados y pensionados extranjeros por vivir en Boquete aumenta al conocer que existe Valle Escondido, un complejo habitacional que le brinda a estas personas una vivienda propia con el mayor clima de tranquilidad, a un precio de B/.250 mil.
También existe otro proyecto conocido como Alta Vista que proporciona también viviendas que superan los B/.20 mil para personas de un estatus económico estable.
En la cabecera del distrito de Boquete, provincia de Chiriquí hay unas 333 hectáreas con 8,104 metros cuadrados que le pertenecen a Arkapal, S.A., sociedad de la cual es presidenta la mandataria Mireya Moscoso.
Las 333 hectáreas están constituidas entre unas 11 fincas que aparecen inscritas en el Registro Público, que aunque no están cerca del Sendero de los Quetzales o próximos al "camino-ecológico" son terrenos que adquirirán más valor si se cristaliza el proyecto en mención, al igual que sucederá con muchos otros terrenos en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.
De las 11 fincas, pertenecientes a Arkapal, S.A., cinco fueron adjudicadas a título oneroso (es decir, por venta del Estado) por la Dirección Nacional de Reforma Agraria en el año 2001 a dicha sociedad. Es decir, a casi dos años del mandato de Moscoso.
Mediante Resolución N° DN. 4-0601 de 16 de marzo de 2001, la Dirección Nacional de Reforma Agraria "adjudicó definitivamente a título oneroso" a Arkapal S.A. una parcela de terreno baldío de 75 hectáreas con 1,852 metros cuadrados a un costo de B/.3,759.26, siendo esta la finca N°. 48766, tal como aparece en el Registro Público.
Igual situación ocurrió con dos globos de terrenos, adjudicados a dicha sociedad mediante la Resolución N° DN 4-0600, también fechada el 16 de marzo de 2001.
El primero, denominado como Globo "A" y que corresponde a la finca N° 48767, de una superficie de 19 hectáreas con 8,651 metros cuadrados; y el segundo, Globo "B" cuya finca es la N° 48768, de una superficie de 2 hectáreas 4,749 metros cuadrados. Ambas con un valor total de B/.1,117.
Otras de las fincas adjudicadas por la Dirección Nacional de Reforma Agraria fueron: la N° 48720 y 48719; mediante las Resoluciones DN 4-0546 y DN 4-0545, respectivamente; ambas con fecha del 9 de marzo de 2001.
Cabe señalar, que las resoluciones de adjudicación fueron realizadas cuando fungía como director Nacional de Reforma Agraria, Eric Jiménez Vergara.
Consultamos con el actual director Nacional de Reforma Agraria, Gerardo Gaona, quien manifestó no tener conocimiento de la venta del Estado a la sociedad Arkapal, dado que él está en el cargo hace sólo un año.
Interrogado sobre si en el área donde se construirá el camino-ecológico existen todavía terrenos del Estado, Gaona señaló que a nivel nacional casi todos los terrenos están ocupados por particulares que luego mediante solicitud a dicha dirección son adjudicados, tomando en cuenta que exista la ocupación real que se verifica mediante un estudio o inspección en el campo. Indicando que posiblemente esto fue lo que sucedió con la sociedad en mención.
Recalcó que en el sector donde se construirá el proyecto del Camino Ecológico Boquete-Cerro Punta, prácticamente no existen terrenos del Estado.
Aunque quisimos conocer más detalles de cómo es el manejo de las adjudicaciones en Reforma Agraria y solicitamos los mapas de las fincas adjudicadas mediante carta enviada el 24 de noviembre, no se logró obtener dicha información.
El 26 de noviembre a las 4:15 p.m. se llamó a la Dirección Nacional de Reforma Agraria y la secretaria de ese despacho indicó que el director estaba fuera de la oficina y que todavía no se le había entregado la correspondencia.
El sábado 13 de diciembre (día laborable para las oficinas públicas), a las 8:30 a.m. se volvió a llamar a dicha dirección, en donde nos transfirieron al Departamento Jurídico. Allí la secretaria Eneida nos informó que dicha nota le había sido entregada a la jefa del departamento, Teresa Espino, quien estaba en una misión y llegaría al mediodía, y que posiblemente se tendría una respuesta a nuestra solicitud hoy lunes 15 de diciembre.
No obstante, aunque la mandataria como jefa del Estado le competen todos los contratos que haga el Estado, incluso los que realice Reforma Agraria, no existe una norma u obstáculo legal que claramente impida que dicho proceso de adjudicación se hubiese celebrado entre el Estado (a través de Reforma Agraria) y Mireya Moscoso, como representante legal y presidenta de Arkapal, S.A.
La Constitución de la República sólo establece en su artículo 152, restricciones para los legisladores y no así para los Presidentes de la República. El artículo señala textualmente: "Los legisladores no podrán hacer por sí mismos, ni por interpuestas personas, contrato alguno con el Organo del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a éste, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios ante esos órganos, instituciones o empresas..." Seguidamente este artículo establece en qué casos se pueden dar excepciones. El Código Civil también contiene una norma que prohíbe a funcionarios adquirir los bienes públicos que estén bajo su cuidado. Y no es claro que las citadas tierras estén al cuidado de la mandataria, a más de que la compra la hace Arkapal, S. A. Pero aunque no exista una normal legal que impida que la Presidenta pueda adquirir o realizar contratos con el Estado, habría que preguntarse: ¿Es ético que el Presidente (a) de la República sea beneficiario de un contrato con el Estado, cuando entre sus facultades constitucionales está la de presidir dichos contratos en nombre del Estado, de acuerdo a la Constitución y la ley?