U n proyecto de ley que pretende aumentar las penas de cárcel de seis hasta 30 años para quienes incurran en el delito de trata de personas será presentado ante la Asamblea de Diputados.
Las penas irán de 15 hasta 30 años de cárcel para los que promuevan, dirijan, organicen, financien, publiciten, inviten, faciliten o gestionen, por cualquier medio de comunicación individual o de masas, la trata sexual.
Además, los que participen en la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de una persona de cualquier sexo, para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación.
La pena será de 20 a 30 años cuando la víctima sea una persona menor de edad, tenga discapacidad o sea incapaz de consentir.
De igual forma, si la víctima es utilizada en actos de exhibicionismo, a través de medios fotográficos, filmadoras o grabaciones obscenas.
La propuesta incluye la misma sanción si el hecho es ejecutado por medio de engaño, coacción, violencia, amenaza, fraude, sustracción o retención de pasaportes, documentos migratorios o de identificación personal.
Si el hecho es cometido por pariente cercano, tutor o quien tenga a su cargo la guarda, crianza y educación de la víctima. La pena incluye, si el delito es cometido por un servidor público.
El procedimiento para la investigación será de oficio, pero requerirán querella los delitos en los cuales la víctima sea mayor de edad. La querella deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes a la comisión del hecho.
El viernes, una comisión integrada por miembros del Gobierno, sociedad civil y Ministerio Público se reunió para afinar la iniciativa que será presentada al Ejecutivo y luego ante la Asamblea.
