Penas entre los cinco y 10 años de presión por delitos relacionados con tráfico y trata de humanos, además de la creación de una oficina para atender estos casos, establece la nueva ley migratoria que será elevada a consideración del Ejecutivo la próxima semana.
Según explicó Ramón Lima, director de Migración y Naturalización, la propuesta establece cinco años de cárcel para las personas que incurran en el delito de tráfico de ilegales, mientras que por trata de blancas la pena llegará hasta 10 años de prisión.
Definió que en el caso de la trata de personas la pena es mayor porque el delito se comete contra el individuo, mientras que en el tráfico de ilegales se incurre en una falta contra el Estado.
Dijo que junto con la Organización Internacional de Migraciones (OIM) se adecúa un plan para concienciar a los diferentes actores gubernamentales y de seguridad del Estado, que este problema existe en todo el mundo y que Panamá no escapa de ello.
Dijo que aunque las estadísticas no revelan gran número de casos registrados en Panamá, esto es por desconocimiento y por la poca denuncia de este delito.
"La víctima de la trata de personas no acude a la autoridad por temer y es pensando en eso que se crea esta oficina", sostuvo Lima.
Esta oficina estará ubicada en la sede del Ministerio de Gobierno y Justicia y no en Migración, para mayor confianza de las víctimas que quieran hacer la denuncia y recibir la atención requerida.
