Aumento de electricidad "acabará" con industriales

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rafael Stanziola, advirtió que el reciente anuncio de un nuevo incremento en el costo de la energía eléctrica, "acabará" con el sector industrial. Aseguró que muchas empresas no podrán enfrentar esta alza, ya que la deteriorada economía que vive el país no rinde las ganancias necesarias para asumir un costo mayor en la tarifa eléctrica.
"Es inaceptable, incomprensible, algo que considero como falta de consideración, primero con el pueblo panameño y luego con los empresarios. Con esto le faltan el respeto a todos los sectores", expresó.
Según el industrial, las empresas de transmisión eléctrica han "mentido y menospreciado" a los panameños, debido a que en enero pasado anunciaron que realizarían un pequeño aumento en el costo de la tarifa, sin embargo, sus efectos fueron "significativos".
"Engañaron al pueblo y al sector privado diciendo que sería un aumento pequeño, ahora nuevamente nos presionan con el reciente anuncio, eso es un irrespeto", precisó Stanziola.
Dijo que un nuevo aumento afectará a todos los panameños, pero recalcó que al sector industrial lo pone en una "situación caótica", porque éste no puede absorber un nuevo incremento. El dirigente advirtió que un aumento de la tarifa provocará principalmente la reducción del número de empleados en las empresas grandes, mientras que las más pequeñas tendrán que cerrar sus operaciones definitivamente.
"Tengamos en cuenta que hay que competir a nivel internacional con la apertura de mercados y que Panamá era el octavo país que tenía el costo de electricidad más alto, pero de efectuarse un nuevo aumento, ocupará el puesto número seis a nivel mundial", señaló.
"Te pudo garantizar que la subsistencia de muchas empresas será limitada y que en poco tiempo colapsarán. En los últimos cuatro años hemos perdido unos 8 mil puestos de trabajo, equivalentes a más o menos 50 millones de balboas en descenso salarial en el sector empresarial", dijo. Agregó que el Ente Regulador de los Servicios Públicos no defiende a los más perjudicados, sino que se "parcializa" con las empresas energéticas.