Aumento de penas a menores no tiene fundamento

Como una decisión sin fundamento y base justificada, calificó la directora nacional de Casa Esperanza, Rosana Méndez, la disposición emitida esta semana por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, de aumentar la sanción penal para los menores infractores.
Apuntó que les preocupa esta nueva reforma en donde se propone el aumento de las penas para los menores de edad a un máximo de 20 años.
Explicó que 1999 se establece después de amplias consultas, la ejecución de la propuesta de la ley de responsabilidad para los adolescentes, que garantizaba que aquellos jóvenes que cometían un delito, deberían tener un proceso legal para hacerlos responsables.
La gran diferencia de esta ley a la que se ha propuesto ahora, comentó, es que en aquella ocasión se garantizaba la seguridad del menor, tratando que no cumpliera prolongados periodos dentro de una cárcel, sin antes haber evidenciado su culpabilidad.
Señaló que toda sanción debe ir acompañada de un tratamiento socioeducativo, porque no solo cuando se habla de menores infractores hay que pensar en acciones penales dentro de una cárcel, sino también de proyectos sociales dentro de la propia comunidad.
Señaló que abordando nuevamente el tema, durante el año 2003 se propone otra reforma a la ley penal del adolescente que aumenta las penas y el tiempo de la detención preventiva para la investigación. Estas modificaciones incluían la creación de estructuras judiciales dentro del Ministerio Público que en la actualidad no se han implementado, aseguró.
"Pensamos que es injustificada o sea no hay una sustentación para proponerla y nos parece bastante impulsiva e inconsulta, sobre todo porque hay muchos grupos que han trabajado sistemáticamente en el desarrollo del programa socio educativo y alternativas", advirtió la directora.
Para Méndez no hay justificaciones valederas para aumentar las penas, porque éstas no son las que van a cambiar la situación de delincuencia en los menores.
Según las estadísticas que manejan, los índices de participación de los menores en delitos graves no han aumentado, más bien la tendencia es a disminuir.