El aumento injustificado de la planilla, irregularidades en la librería y la paridad entre la cantidad de docentes y administrativos, son algunas de las anomalías suscitadas en la Universidad de Panamá, expuestas por la profesora Aura Emérita de Villalaz, presidenta del Movimiento Nueva Universidad de la primera casa de estudios superiores, en un comunicado emitido por esta organización.
El documento, firmado por Villalaz, destaca que cada día hay mayor preocupación entre los profesores, toda vez que la responsabilidad de una institución de enseñanza superior debe recaer en los docentes, "pero la tendencia en la universidad señala lo contrario. Aumenta vertiginosamente el número de administrativos, llegando a ser el único caso en el mundo, donde profesores y administrativos representan aproximadamente la misma cantidad".
A lo anterior se agrega el mal uso de los recursos e irregularidades tanto en la librería universitaria, como en la imprenta, Tecnología Educativa, en el programa UNIPAN-BID y otras dependencias, sin que se hayan tomado las medidas para subsanar las anomalías ni sancionado a los responsables.
Añade que no hay que perder de vista que la universidad forma profesionales en administración pública y planificación presupuestaria, sin embargo, estos conocimientos parecieran aplicarse para la exportación y no en el manejo de la propia administración.
En alusión a la deuda que mantiene la universidad con la empresa distribuidora de energía eléctrica, sostiene que la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), no incluyó la condonación total de la deuda universitaria, debido a diferencias políticas entre el rector de turno, Gustavo García de Paredes y el expresidente, Ernesto Pérez Balladares.
El comunicado señala que todas las anomalías son del conocimiento de grupos estudiantiles, que guardan un silencio cómplice, porque anteponen sus intereses a los de la universidad.
En consecuencia, el Movimiento Nueva Universidad propone a las autoridades y a los órganos de Gobierno de la Universidad de Panamá, entre otras, las siguientes medidas: responsabilizar a las autoridades y a toda la comunidad universitaria de la fiscalización de los recursos de la institución, a fin de lograr su optimización, además de instar a esas autoridades a que apliquen las medidas correspondientes a quienes causen daños a la propiedad privada, estatal o violente los reglamentos, estatutos y derechos de terceros, consagrados en la Constitución.
