En tanto que, Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), cuestionó esta decisión, al insistir que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre que autorizó los aumentos, no efectuó la consulta pública tal como lo exige la Ley de Transparencia.
UNCUREPA presentó ante la Sala Tercera de la Corte un recurso de nulidad con relación a las resoluciones de la Autoridad del Tránsito que oficializaban el aumento, pero esta hizo una consulta a la Procuradoría de la Administración.
Lo curioso de este caso, dijo Acosta, es que el procurador Ceville no entró a analizar la solicitud de suspensión del alza de tarifa con base en que no se hizo consulta pública ni que se cumplió con la Ley de Transparencia.
Según Acosta, lo que hizo Ceville, fue rechazar de plano la petición diciéndole a los magistrados que no accedan a la medida cautelar porque los demandantes no han explicado en forma pormenorizada en qué consisten, o pueden consistir los perjuicios que acompañan el alza del pasaje, cuando este no es el bien tutelado que se discute, sino el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
"Luego de esta decisión esperamos que los magistrados piensen un poco mejor, y se den cuenta que efectivamente no se cumplió con la Ley de Transparencia", enfatizó Acosta.
En el interior se aprobó el incremento en el costo del pasaje, no sólo en las rutas internas de cada provincia, sino también en los viajes "interprovinciales".
Los transportistas justificaron este incremento debido a lo costoso que resulta mantener el servicio, además que este tipo de ajustes no se hacía desde hace años.
No obstante, la población no acepta esta medida, dado que se avecina un alza de la luz y demás servicios.
Las bases transportistas señalan que el alza del pasaje es algo que no se puede evitar porque su costo operativo se incrementó con el precio del diesel.
La Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA) había anunciado a finales del 2005 que presentía acciones legales en la Corte Suprema de Justicia por el aumento del pasaje "inconsulto" que aprobó la ATTT. La acción legal se fundamenta en disposiciones que establecen que para aumentar el pasaje tiene que existir una "consulta ciudadana".
