Las autoridades penitenciarias de Panamá aseguraron hoy que respetan los derechos humanos de tres exfuncionarios públicos, detenidos en una cárcel de máxima seguridad mientras se les investiga por supuesta corrupción, quienes se niegan a ingerir alimentos del lugar desde ayer jueves.
Se trata de los exdirectores de Seguridad Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, y el exdirector del gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia, todos antiguos funcionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La Dirección General del Sistema Penitenciario dijo este viernes en un comunicado que los tres detenidos "desde ayer se han negado a recibir la comida del Sistema Penitenciario pero sí han recibido visitas de sus abogados, de familiares, quienes le llevaron alimentos".
Garúz, Pérez y Guardia iniciaron ayer una huelga de hambre en reclamo por los supuestos malos tratos que reciben en la nueva y moderna cárcel de La Gran Joya, con capacidad para más de mil reos y que solo alberga a poco más de un ciento.
Víctor Orobio, defensor de Guardia, dijo que los detenidos son tratados como "delincuentes tradicionales o personas de alta peligrosidad", porque se les mantiene "tan restringidos", y que piden al director del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón, que mejore sus condiciones de reclusión.
En el comunicado difundido este viernes, la Dirección General del Sistema Penitenciario afirma que a Garúz, Pérez y Guardia "se les mantiene solos en sus celdas" para "evitar situaciones que atenten contra su integridad".
Se trata "de privados de libertad de alto perfil que están colaborando con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes, y para garantizar su integridad y seguridad no se les puede ubicar junto a detenidos comunes", precisó.
El comunicado añadió que la Dirección General del Sistema Penitenciario "es respetuosa de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad y no permitirá violaciones a los derechos de ninguno".
"El Sistema Penitenciario seguirá trabajando para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los detenidos Garúz, Guardia y Pérez, al igual que de todas las personas privadas de libertad en el país", indicó el comunicado.
Garúz y Pérez son investigados por una trama de escuchas ilegales que habría afectado a unas 150 personas, entre ellas empresarios y opositores al Gobierno de Martinelli, así como por la compra supuestamente irregular de los equipos interceptores.
Guardia es investigado por la compra con sobrecostos de insumos a través del PAN, y ya confesó ante la Fiscalía los hechos y ha dado nombres de supuestos implicados, incluido el expresidente Martinelli, según filtraciones a la prensa de sus declaraciones ante la Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá inició en enero pasado el proceso para investigar por supuesta corrupción a Martinelli, quien salió del país y se desconoce su paradero.
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