La Comarca Ngäbe-Buglé es la nueva víctima del traspaso fraudulento de 189 hectáreas de tierras en la provincia de Bocas del Toro, que pertenecen al Estado.
En la transacción están implicados la Alcaldía del distrito de Kusapín, el Juzgado Primero de Circuito de Bocas del Toro y el negociador de las propiedades, Feliciano Baker.
Los terrenos son parte del territorio de la Comarca Ngäbe-Buglé y eran considerados una propiedad del Estado panameño. Sin embargo, en dos rápidas transacciones, las 189 hectáreas quedaron inscritas en el Registro Público a nombre de una sociedad de capital costarricense, en agosto de 2010.
En el traspaso de las tierras se violaron los procedimientos y ahora, un grupo de indígenas que residen en la propiedad quedó en medio de la polémica, denunció el presidente del Congreso Regional Ñokribo, Willy Jiménez.
Antes que el juzgado aprobara el traspaso de las tierras, el proceso tenía que pasar por una consulta popular entre los indígenas. También se debió definir, en un plazo de 30 días, si el terreno estaba en desuso o desocupado. Nada de esto se cumplió.
A pesar de ello, la Alcaldía y el Juzgado procedieron a reconocerle la propiedad a Baker en distintas fechas, sin que esta persona haya tenido historial de haberla ocupado.
En menos de un mes de la titularidad, Baker vendió las dos fincas de 189 hectáreas a una empresa de capital costarricense por 65 mil dólares. Se trata de Desarrollo Turístico Cañaveral, presidida por Antonio Álvarez Desanti.
En marzo de este año, el Congreso Regional de Ñokribo denunció el caso ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, el que por tres meses investigó el caso y encontró una serie de irregularidades.
El ente trasladó, la semana pasada, el expediente al Ministerio de Público para que actúe y evite un tercer traspaso de estas tierras que son propiedad del Estado.
La zarina Abigail Benzadón dijo que existen restricciones para acceder a la titularidad de las propiedades en la Comarca Ngäbe-Buglé y que se establecen algunos requisitos que no constan en las escrituras de los contratos de compra venta inscritos a favor de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral.
“En virtud que los procesos sumarios de prescripción adquisitiva de dominio promovidos por Baker están tachados de ilegales, mal puede esta persona vender a un tercero dichas propiedades. Pero habiéndolo hecho e inscrito, le corresponderá a la autoridad judicial así decretarlo”, señaló Benzadón.
Durante los tres meses de investigación, la zarina solicitó al Registro Público una marginal sobre la finca, para detener nuevos traspasos, pero le fue negada. “Me parece indignante que todavía existan personas que quieran seguir lucrando ilegalmente con las tierras de los indígenas”, agregó Benzadón.
Elementos.
Otro de los elementos irregulares en la venta de estas 189 hectáreas en Bocas del Toro es que el alcalde de Kusapín, Andino Archibold, se adelantó a declarar a Baker como el propietario de los dos terrenos el 3 de abril de 2010. Esto sin haber hecho una investigación ni la consulta.
Pero no fue hasta el 19 de julio de 2010, cuando la jueza Vilma Bryan oficializó la prescripción adquisitiva a favor de Baker, sin cumplir con los requisitos dentro de una comarca indígena.
Johnny Bonilla, otro de los dirigentes indígenas que denunciaron la venta de estas tierras, dijo que le había advertido al alcalde Archibold que estas tierras no se podían vender, y que en el área hay personas viviendo por más de 50 años, que no son el señor Baker.
Incluso, entre 1981-1982, Reforma Agraria levantó un estudio tenencial de las tierras para crear la comarca, y en el mismo no registra a Baker como habitante.
