La gobernadora de la provincia de Panamá, Irlena Brown, informó ayer que la institución, en conjunto con entidades de seguridad del Estado, proyecta incrementar los requisitos y limitar los permisos para portar armas, ante los más recientes actos de violencia armada en la ciudad capital, de la que ni siquiera escapan los miembros de la Policía Nacional.
Según Brown, los ciudadanos tienen la responsabilidad de colaborar denunciando a las personas que tienen armas sin permiso, evitando que estas continuen en las calles, "ya que a pesar que la Policía hace su trabajo de vigilancia, la entidad no puede detectar cada arma escondida entre las pertenencias de cada panameño". Precisó que por el momento se están aplicando todas las sanciones que están al alcance, pero enfatizó que si la ciudadanía no denuncia los hechos, las autoridades no pueden hacer más nada.
Aseveró que a pesar que los requisitos actuales para otorgar armas son varios, hay que fortalecerlos aún más. "Estamos haciendo las investigaciones respectivas, consultando las estadísticas, y a los profesionales y eventualmente vamos a sacar a la luz pública una norma que brinde mayor seguridad para los ciudadanos", resaltó.
Las sanciones actuales por portar armas ilegalmente incluyen multas que van de 200 a mil dólares y las armas decomisadas son enviadas a la Policía, algunas son destruidas y las que funcionan se ponen al servicio de la institución policial. Por el momento dijo no se ha considerado modificar las sanciones que se aplican por el porte ilegal de armas.
