El ex subadministrador del Canal de Panamá, Fernando Manfredo, informó que ya se le comunicó al gobierno que preside Mireya Moscoso, los adelantos hechos por la gestión de su antecesor Ernesto Pérez Balladares para lograr que Estados Unidos ordene la limpieza total de las bases militares, cuyo costo aseguró podría estar por alrededor de los B/. 200 mil millones.
El especialista en temas canaleros afirmó que en una reunión sostenida con el vicecanciller Harmodio Arias se le notificó cuáles han sido los avances que en esta materia logró Panamá y que a la vez se le recomendó buscar la manera para que el gobierno central realice un convenio post-tratado y ejecutar así la limpieza de las bases, cuyo costo sería cubierto por Estados Unidos pero realizado por los panameños.
Dijo que tiene esperanzas en que el nuevo gobierno logre este acuerdo, tomando en cuenta que Moscoso en su discurso de toma de posesión aseguró que está consciente de que este es un problema que tiene que ser solucionado.
No obstante, precisó que de lograrse este acuerdo, tal y como se hizo con Canadá, el gobierno norteamericano debe incluir la millonaria partida en el presupuesto estatal, para que posteriormente el Congreso, el Senado y la Cámara lo aprueben, de lo contrario no habría posibilidad de realizarlo.
Por ello, aseguró, más que paciencia debe existir una conciencia ciudadana para apoyar y reforzar esta postura, ya que según los acuerdos internacionales los países que incurren en esta situación están en la obligación de limpiar los terrenos utilizados para maniobras militares.
Paralelamente aclaró que la suma de B/. 200 mil millones fue el costo que asumió el gobierno norteamericano por limpiar los sitios de tiros en el estado de California, pero esto se registró en una época y en una coyuntura política determinante para Estados Unidos y muy distinta a la de Panamá.
Ante ello sentenció que aún no se ha establecido el monto total y real de lo que conllevaría la limpieza de las bases, ya que ello lo determinaría el informe que presentaría la empresa que sería contratada para realizar el estudio preliminar y comparativo.
Para Manfredo, es importante que el nuevo gobierno mantenga una visión amplia de la importancia que representa el que Panamá mantenga una posición clara y uniforme ante Estados Unidos, para que este país limpie las áreas utilizadas para prácticas militares y que por motivos de la ejecución de los Tratados Torrijos-Carter están siendo revertidas a las autoridades nacionales.
Pese a que ha sido un proceso de aprendizaje, sostuvo que es una situación muy compleja y es necesario que el gobierno de Moscoso se familiarice con el tema.
Para ello, el pasado gobierno tuvo que adentrarse en la legislación norteamericana, analizar los documentos intercambiados con Estados Unidos y además conocer las experiencias que otros países, fuera de las fronteras norteamericanas, han tenido en este campo, y así evaluar y estudiar el sistema que podría utilizar Panamá para exigir la limpieza de las áreas contaminadas por el armamento norteamericano.
Destacó el hecho de que el gobierno de Mireya Moscoso deberá, cuanto antes, contratar una empresa que investigue y determine científicamente el grado de contaminación y que deberá ser comparado con el estudio presentado por Estados Unidos y demostrar con pruebas la necesidad de sanear profundamente las zonas utilizadas para las prácticas militares.
Según dijo existe un gran obstáculo, que es el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, el que precisó mantiene una postura rígida en cuanto al saneamiento de las bases; mientras que otro escalón que hay que librar es la interpretación del tratado canalero que establece que la limpieza se realizará hasta donde sea viable y practicable.
Hasta el momento existen zonas que no se han sometido al saneamiento, ya que los norteamericanos aducen que se encuentran en terrenos cuya pendiente supera un 35%, y por lo inaccesible, los equipos no podían penetrar; hecho que fue severamente cuestionado por Manfredo, ya que se tienen informes que Estados Unidos ha trabajado en sitios de más de 40% de escabrosidad.
Del gobierno aprobar que una firma privada realice el estudio, todo el resultado tanto del planteamiento como la limpieza podría entonces conllevar un período menor a los 10 años, manifestó.
Explicó que paralelamente existen muchos factores que influyen en este período, como el de mantener un control estricto de la vigilancia ecológica y que los lugares donde se realicen los estudios y la limpieza no se vean afectados por los trabajos.
No obstante afirmó que en otras regiones del mundo se han hecho limpiezas, manteniendo sumo cuidado en proteger el ecosistema, pero se ha hecho gradual y periódicamente, para que las áreas afectadas se recuperaran paulatinamente.
Un aspecto que resaltó es que se ha descubierto que en ciertos puntos del territorio nacional se utilizaron armas con material distinto al descrito en los convenios, lo que constituyó en su momento un grave delito, pero que ahora representan un peligro latente, debido a que los químicos y demás materiales que componen las municiones pueden degradarse y llegar hasta las corrientes subterráneas, lo que en varios años podría conllevar un peligro para la salud y la seguridad de los habitantes de las zonas afectadas.
Puntualizó que en comparación a diez años atrás, actualmente en el mercado internacional existen instrumentos capaces de detectar las armas que se encuentran enterradas más allá de la superficie de la tierra, por lo que no existe argumento de ninguna especie para no realizar los trabajos de limpieza.
De acuerdo a Manfredo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos envió, tiempo atrás, notas en las que se determinaba que la limpieza en Panamá solamente se realizaría para remover en las áreas accesibles y de maniobras las armas que se encontraban en la superficie de la tierra.
Recalcó que esta postura es inadecuada, ya que en Panamá existen muchos sitios que utilizaron los militares norteamericanos y que las armas se encuentran enterradas desde seis y hasta 20 pies de profundidad y que aún no han sido detonadas.
Parte de la argumentación de Estados Unidos para no limpiar los territorios de prueba es el cambio de la denominación del plan de uso, el cual se quiso llamar Plan de Transferencia de los Campos de Tiros, posición que fue rechazada por el gobierno de Pérez Balladares, basado en que los tratados canaleros establecen claramente y sin exclusión cuáles son las zonas de tiro.
Sin embargo, los factores costo y tiempo también inciden en la estrategia que el gobierno actual deberá utilizar para que Estados Unidos cumpla con su parte, pero precisó Manfredo, que este es otro argumento que utilizan los norteamericanos para incumplir con su responsabilidad.
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