La Comisión de la Mujer y la Familia de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el establecimiento de políticas públicas para reforzar la prevención de la violencia contra la mujer y la familia, prevista en la Ley 38 de 2001.
El proyecto fue presentado por la diputada suplente, Elsa Fernández, en el 2010 y su discusión recibió consultas a nivel nacional a lo largo de un año.
Como innovación en materia legal, el documento incluye por primera vez en nuestro país, la figura de violencia de género, que a juicio de la magistrada de Niñez y Adolescencia, Judith Cossú de Herrera, responde a un vacío legal que existe en la materia.
“Aquí se están ampliando otro tipo de relaciones que si bien es cierto eran conocidas no estaban amparadas por la norma penal”, explicó.
El documento vincula a los medios de comunicación en su artículo 18, al registrar que deberán realizar “una efectiva inclusión de mensajes y programas destinados a prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, niñas, niños y la familia, de conformidad con el respeto de los derechos humanos en sus programaciones”.
También establece la participación del Instituto de la Mujer, los ministerios de Educación y Salud, Órgano Judicial, Ministerio Público, universidades, Instituto de Estadística y Censo y la Defensoría del Pueblo para que ejecuten programas de prevención destinados a erradicar la violencia doméstica.
Entre las medidas coercitivas estipula que se incluyan planes de creación de centros de reclusión para la rehabilitación y tratamiento de los agresores.
La directora del Instituto de la Mujer, Markelda Montenegro de Herrera, aspira que la comisión de Gobierno apruebe el proyecto que tipifica el femicidio como un delito y crea las fiscalías de familias para que la labor realizada sea complementada.
