La ayuda humanitaria entregada hasta el momento por el Gobierno Nacional a los pacientes del SIRA asciende a B/.5, 075, 740.08 informó el primer vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, Rubén Arosemena, durante la tercera reunión pactada con los representantes de los afectados por el tóxico dietilenglicol en la Defensoría del Pueblo.
En medio de una protesta realizada por los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes del envenenamiento de medicinas, la reunión transcurrió sin mayores incidentes.
Además de Arosemena, por el Gobierno estuvieron presentes la Dra. Rosario Turner, ministra de Salud; Rubén López, director Nacional de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social y el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas.
El Gobierno detalló que la ayuda incluye la aprobación por el Consejo de Gabinete del 22 de agosto del 2007 de un fondo de B/.4 millones adicionales para complementar la ayuda humanitaria. El fondo inicial asciende a 6 millones de balboas.
De los 119 afectados por las medicinas contaminadas, del primer grupo sólo faltan 13 que aún no han completado la presentación de documentos o están en procesos legales y no se les ha podido entregar la ayuda humanitaria.
En cuanto a la supuesta extradición de manera secreta a Francia, el canciller señaló que "estamos realizando un seguimiento de cerca, ya que Panamá, desde 1991, tiene su solicitud de extradición pendiente de revisión por la justicia norteamericana".
Destacó que nuestro país no ha sido parte de las argumentaciones entre el Órgano Judicial norteamericano y los abogados de Noriega. No obstante, "hemos mantenido una presencia constante de nuestros abogados en cada uno de los pasos del proceso".
Aseguró Lewis Navarro que por el momento no han enviado ninguna documentación a Francia, para pedir la extradición de Noriega, pero de ser necesario, lo harán.
El Comité de Familiares de Desaparecidos de la dictadura militar, Héctor Gallego, no conoce desde hace tres años la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) frente al "Caso Panamá".
Las reclamaciones se dan por las desapariciones y asesinatos de 109 panameños, opositores al régimen dictatorial de Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega. El sacerdote Conrado Sanjur indicó que en el 2004 se dio un giro al caso con el nuevo gobierno y se mantiene archivado. Han solicitado al relator Santiago Cantón y al secretario de la OEA, José Miguel Insulza, una respuesta, pero no hay información.
