El sistema penitenciario panameño tiene B/.60 mil al mes para costear los servicios de salud que se le ofrecen a los presos.
Eso significa que cada uno de los 11 mil 724 reclusos que componen la población penal del país, apenas cuenta con B/.5.12 mensuales para combatir sus enfermedades o, lo que es lo mismo: diecisiete centésimos al día.
Esto quiere decir que si se le diera ese dinero a cada recluso, no podría comprar siquiera un sobre de acetaminofén.
Hacen falta B/.39 millones para aplicar la ley que reorganiza el Sistema Penitenciario, la cual ayudaría a dotar de más recursos a los programas de rehabilitación y atención al reo.
Esa cifra es superior al presupuesto de entidades como la Contraloría General de la República, que este año tiene asignado B/.37.6 millones. Incluso la Cancillería panameña recibe menos que eso: B/.35 millones.
La cifra de B/.39 millones para corregir asuntos carcelarios, es equiparable a la asignada a los jueces que mandan a prisión, pues el Órgano Judicial recibió B/.41.6 millones del presupuesto del 2006.
