Constantemente los médicos y nutricionistas, como todos los profesionales que trabajan en el área de la salud y la estética, recomiendan el consumo de tubérculos, legumbres, frutas y vegetales para estar saludables. Sin embargo, ante el uso indiscriminado de los plaguicidas, nos queda una interrogante: ¿Nos estaremos enfermando lentamente?
Según el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ), de la Organización Panamericana de la Salud, la exposición involuntaria o intencional a los agroquímicos puede hacer que los alimentos contengan peligrosos niveles de residuos.
De acuerdo con la literatura médica, son pocos los casos que comprueban que los residuos químicos en los alimentos son nocivos para la salud. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de reacciones leves o de efectos a largo plazo, imposibles de rastrear.
EFECTOS
Las estadísticas permiten determinar que anualmente cada centroamericano consume dos kilogramos de plaguicidas, convirtiéndose ésta, en la región del mundo con mayor consumo per cápita de plaguicidas. Históricamente en Guatemala están registrados casos delicados de contaminación por plaguicidas tanto en los humanos como en los alimentos.
En este país, entre 1986 y 1994 se encontraron residuos hasta de 15 plaguicidas organofosforados en algunos vegetales analizados. Todavía entre 1995 y 1996 había residuos de cuatro plaguicidas distintos en tomates y chile dulce, entre ellos el metil paration y el metamidofos, agroquímicos considerados altamente peligrosos.
No obstante, la situación en Guatemala es alarmante porque registra mundialmente el caso más alto de plaguicidas en la leche humana jamás reportado en la literatura científica. También se han detectado residuos significativos en fetos y recién nacidos, lo que confirma que los plaguicidas organoclorados atraviesan la placenta y contaminan al niño antes de nacer.
Sin embargo, no todo el panorama es oscuro. En septiembre del 2000, los ministros del área acordaron promover la prohibición de 107 plaguicidas. De igual forma recomendaron restringir el uso de otros 12 por considerarlos de alto poder tóxico.
Entre la denominada "lista negra" se encuentran el paraquat, fosfuro de aluminio, metil paration, metamidofos, monocrotofos, clorpirifos, terbufos, etoprofos, endosulfan, carbofuran, metomil y aldicarb. Cabe destacar que en esta lista se incluye el paraquat, plaguicida utilizado también en Panamá para suicidios.
LEYES Y NORMAS
A partir de julio de 1996, mediante la Ley 47 se designó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) como regulador de los plaguicidas de uso agrícola y creó la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, encargada de registrar los agroquímicos permitidos en el país.
También estableció una coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), que para este efecto comisionó a un Grupo Técnico de Trabajo en Plaguicidas conformado por los departamentos de Protección al Alimento (DEPA), de Desechos Peligrosos, y de Fármacos y Drogas.
Este grupo técnico de trabajo se encarga de recomendar al MIDA la prohibición, restricción y limitaciones en el registro, distribución y utilización de plaguicidas. Sin embargo, en Panamá, a pesar de la existencia de leyes que regulan el uso de los agroquímicos, no se hacen los debidos análisis de residualidad ni de control de calidad porque no hay los laboratorios necesarios.
En Costa Rica existen ambos laboratorios, mientras que en El Salvador solamente hay de control de calidad. Para remediar este problema, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició en 1997 un programa de modernización y otorgó 48 millones de balboas al MIDA.
De esa suma, un millón 720 mil 290 balboas fueron destinados al departamento de Sanidad Vegetal, con la finalidad de construir los laboratorios de control de calidad y de residuos de plaguicidas. Según Darío Gordón, jefe del departamento de Agroquímicos del MIDA, se está habilitando el laboratorio de control de calidad a un costo aproximado de 750 mil balboas y se espera que esté listo para diciembre próximo.
En este laboratorio se determinará si los plaguicidas, materias técnicas, fertilizantes y aditivos tienen las cantidades y proporciones de las materias activas que se indican en las etiquetas. No obstante, en Panamá también es necesario un laboratorio para analizar la residualidad de los plaguicidas en los alimentos.
Ante esta necesidad, Gordón aclaró que es potestad del MINSA realizar este tipo de análisis después de cosechados los alimentos, sin embargo, el MIDA prepara actualmente los planos para esta obra, evaluada en 500 mil balboas. El funcionario recalcó que este departamento sólo se encarga de regular el uso de plaguicidas durante el período de producción agrícola, así como la comercialización, importación y registro.
En cuanto a la residualidad en los alimentos, asegura que ningún producto exportado ha sido rechazado por sobrepasar el límite máximo de plaguicidas. Afirmó, además, que mientras los alimentos tengan una baja cantidad de residuos, no tienen porqué causar efectos adversos en la salud.
Con la intención de minimizar los casos de contaminación e intoxicación, el MIDA, con ayuda de la empresa privada, realiza programas de capacitación en el uso adecuado de los plaguicidas dirigido a más de 1,500 usuarios.
En Centroamérica existe un proyecto denominado PLAGSALUD, que en Panamá funciona a través del MINSA, y se encarga de educar al agricultor para que utilice debidamente los agroquímicos y no incurra en riesgos. María Inés Esquivel es la coordinadora de este proyecto en el país. Ella es especialista en plaguicidas y ante la ausencia de los laboratorios de residualidad, asegura que en Panamá funcionan muchos laboratorios de toxicología y existen varias propuestas para la creación de otros.
Esquivel, quien también es miembro del Grupo Técnico de Trabajo en Plaguicidas del MINSA, sugiere que estos laboratorios se unan para brindar el servicio a una población inferior a los 3 millones de habitantes, no sólo desde el punto de vista de los plaguicidas, sino también de agua y suelo.
En respuesta a los comentarios de Gordón, Esquivel afirma que la Ley 47 asignó al MIDA el análisis de calidad de los productos a registrar, así como también el monitoreo de los alimentos durante la cosecha. Sin embargo, aclara que no existe una legislación para el período después de la cosecha, que es en expendio, no obstante el MINSA lo asume porque le parece su responsabilidad.
SITUACION
Entre1980 y 1989 Panamá reportó el uso promedio de 3.4 kilos de plaguicidas por persona, mientras que al finalizar 1999 este promedio bajó a 1.25 kilos por persona, lo que representa una disminución del 63% en el uso per cápita de plaguicidas.
De acuerdo con Esquivel, de los 107 plaguicidas propuestos para restricción, Panamá tiene 61 de ellos prohibidos. De los 46 restantes, 42 no han solicitado registro para venderse en el país, por lo que se propuso automáticamente su prohibición. Los cuatro restantes están en la lista de los 12 plaguicidas por restringir. Es importante destacar que estos 12 productos genéricos son los de mayor uso en Panamá y Centroamérica.
La experta aclara que todos los plaguicidas son peligrosos, pero quizás éstos son los que causan más intoxicaciones porque son los de mayor demanda. Añade que el riesgo no lo representa tanto el producto en sí, sino más bien el uso indebido que le dan.
Esquivel comenta que en este país falta voluntad política para la debida restricción y prohibición de estos agroquímicos. Argumenta que el simple hecho de que el paraquat sea el más utilizado para suicidios, debe ser motivo de una prohibición automática.
NECESIDAD
De acuerdo con funcionarios de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), es necesario hacer las pruebas de residuos en los alimentos porque no se conoce en qué condiciones vienen los productos importados.
Según Gilberto Pittí, de CLICAC, el Instituto Especializado de Análisis (IEA) es el único en Panamá que tiene un laboratorio similar al de análisis de residuos, pero para hacer esta tarea necesita más de 150 mil balboas. Por su parte, Jorge Luis Rodríguez, de CLICAC, afirma que es obligación del MINSA proteger a la comunidad, por lo que debe buscar los medios económicos para hacer estudios actuales que demuestren que no hay peligro en estos alimentos.
Añade que el Estado debe brindarle a la ciudadanía la oportunidad de informarse respecto a los productos nacionales e importados. Para ello recomienda a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República, la aprobación de una partida que sirva para la construcción de los laboratorios de Agroquímicos y que éstos sean de uso tanto para el MIDA como para el MINSA.
Según Rodríguez, hay una situación preocupante y es que las últimas pruebas datan de 1993, realizadas por la OPS en el extranjero. En ellas se determinó deficiente administración y aplicación de los agroquímicos, tanto en las técnicas como en las normas, por lo que Rodríguez sugiere la existencia de una residualidad más allá de la permitida para mayor seguridad de los consumidores.
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