La ambientalista Raiza Banfield dijo que se siente preocupada porque con la derogación de la Ley 8 y la falta de restauración de la base legal que existía, hay un limbo jurídico en materia de multas, tasas y fiscalización que ha regido en los últimos meses.
A juicio de Banfield, esta situación ha permitido que las empresas mineras se relajen porque no hay un marco legal que las regulen.
Indicó que ayer, jueves varias organizaciones ambientales presentaron un proyecto de ley ante la Oficina de Participación Ciudadana que contempla restablecer el marco jurídico.
Banfield considera que volver a discutir el tema en la Asamblea Nacional es entrar en lo político. "Lo que dijimos en su momento es que hacía falta una evaluación ambiental estratégica, una evaluación donde se ponderara el costo de beneficio para el país, entre otras cosas", expresó a Noticias AM.
Añadió que el problema minero no solo es una preocupación de la Comarca Ngäbe Buglé sino de todos los ciudadanos en general.
Agregó que se debe hacer un estudio balanceado que analice sobre los recursos naturales que hay en el territorio nacional, lo que se está sacrificando y los beneficios que se llevan las empresas.
Para la dirigente ambientalista hay mucho intereses económicos y políticos que están desconociendo el verdadero problema social de la población.
