Penas
- Internacional
- En Guatemala y Nicaragua, las penas máximas a menores son de 6 años. En El Salvador, 7 años. En Honduras, el castigo máximo es de 8 años. En Costa Rica, la pena a menores solo procede para casos graves con 10 años para el caso de adolescentes de entre 12 y 15 años, aunque la condena podría ser de 15 años cuando se trata de jóvenes con edades de entre 15 y 18.
- Panamá
- Cuando se trate de homicidio agravado, el castigo será de 12 años; homicidio doloso, secuestro agravado y terrorismo se penará con diez años de cárcel.
Grupos de pandilleros manejan armamento de grueso calibre
- Crímenes con armas de guerra quedan evidenciados en los diferentes medios, pese a la norma que prohíbe el porte de armas de este calibre. El ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, manifestó que como parte de las medidas de mitigación de tráfico de armas, existe una medida restrictiva de importación de armas, y que además se está dando trabajo de inteligencia para detectar cuál es el origen de armas ilegales que ingresan al país, del cual ya se maneja información, sin entrar en más detalle. Según Aguilera, no se trata solo de un tema regulatorio y de reforzamiento, como la inspección en los sitios donde se da mayor operación de este tipo de armamento, por lo que los estamentos de seguridad en conjunto aumentarán los retenes. Cifras revelan que 825 armas decomisadas en 2013 no tenían registro en Panamá, eran de contrabando. Solo en la tercera destrucción de armas hecha por la Gobernación de Panamá, 104 armas largas y fusiles fueron destruidas tras ser entregadas.
Dos meses de gobierno y la mayor promesa en tema de seguridad -Barrios Seguros- es un barco a la deriva por falta de fondos para su sostenimiento.
El ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera Franceschi, en su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional, reveló que cuando se ideó el programa de Amnistía, no fue previsto los fondos que se requerían para financiar el programa que consiste en el pago de un bono mensual de 50 dólares por salir de las pandillas.
Aguilera Franceschi aseguró que se están buscando los recursos para lograr la reactivación del programa para el mes de noviembre; horas antes de estas declaraciones, se dio la entrega de este incentivo a 60 expandilleros.
Para el año 2015 el Ministerio de Seguridad tiene previsto destinar entre 6 y 7 millones de dólares como apoyo a este programa.
Al respecto, el exministro de Gobierno Renato Pereira, “no ve ningún futuro” al programa de Amnistía, principalmente porque en esencia se trata de un acuerdo que las autoridades pretenden hacer con los grupos criminales y esa acción, según el jurista, es anticonstitucional.
A juicio de Pereira, el Estado tiene el deber constitucional de preservar la tranquilidad en el país y es precisamente persiguiendo a estos grupos criminales, y no a través de esta medida de darles dinero para que dejen de delinquir.
Para el pastor Erick Batista, presidente del movimiento antipandillas en Panamá, el problema es más grave porque en ese tiempo que los pandilleros estén fuera del programa van a regresar a sus actividades delictivas.
Asegura que ya hay indicios de jóvenes que se salieron del programa de Amnistía, que han retomado las armas y sus actividades delictivas ahora son más graves de las que cometieron antes.
Penas a menores
Mientras el Gobierno anunció que el programa Barrios Seguros enfrenta inconvenientes, la captura de menores involucrados en la masacre de una familia reactivó el debate sobre el endurecimiento de las penas a este grupo etéreo, como parte de la solución a la criminalidad.
La primera dama, Lorena Castillo, expresó que se deben imponer penas más severas para aquellos menores de edad y para quienes cometan homicidios.
Al respecto, el titular de la cartera de Seguridad manifestó que está de acuerdo con que las medidas particulares y las medidas de seguridad que se impongan a los menores de edad que están en conflicto con la ley, deben aumentarse e intensificarse.
El ministro Aguilera Franceschi afirmó que se está en el proceso de presentar un proyecto sobre este tema.
El exdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ) Jaime Abad, ponderó las palabras de la primera dama. “Yo considero que en este país cometimos un error histórico al aprobar esta legislación ‘blandengue’ que favorece a los menores de edad, expresó en TVN.
Abad señaló que se aprobó la legislación basada en las convenciones del niño y en una serie de declaraciones “románticas” internacionales y que los países que las crearon, las tienen en desuso o las derogaron y dieron paso a legislaciones severas.
Otro aumento de penas supondría una nueva oposición de la Unicef y otros organismos sociales, en favor de la niñez, las cuales estuvieron en total desacuerdo a las reformas de 2007, que aumenta las penas a los menores infractores de siete a 12 años en el caso de delitos graves, siendo Panamá el país con penas más severas en la región.
Para la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño, los aumentos de las penas a menores de edad no da muestras de que resuelve el problema delictivo.
Arosemena de Troitiño recalca que ya las penas andan por más de 15 años, pero a su criterio no existe una respuesta integral al tema de la delincuencia y la seguridad.
La exmagistrada cuestionó el hecho de que en lo que lleva de vigencia la ley penal de menores infractores, las autoridades y las instituciones no tienen respuestas de atención a conflictos como la pobreza, el trabajo y el estudio. Agregó que también hay que preguntarse que si después de cometer el delito, los programas que se aplican garantizan que se recibe educación y transformación.
El exprocurador Rogelio Cruz expresó que el aumento de penas no es una solución. “Cuando hay aumento de criminalidad suele acudirse al aumento de penas, pero en el caso de los menores, yo sí creo que hay que revisar la ley”.
Sin adelantar un criterio, Cruz indicó que se debe dar un debate muy amplio y profundo, para hacer algunas reformas y adecuar la legislación a la realidad delincuencial.
Idalia Martínez, directora general de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia (Seniaf), indicó que es necesario hacer una evaluación de los motivos que llevan a esos menores a delinquir y a la vez aplicarles las sanciones basadas en una disciplina jurídica, para evitar que sigan cometiéndolos.
