La pesca con redes de cerco en los límites del Parque Nacional Coiba favorece de manera irresponsable a la industria atunera, legitimando otro saqueo ecológico más, lo que nos provoca rechazo e indignación.
La anterior posición de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo coincide con la del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, pues se perjudicarían varias especies.
Según la abogada ambientalista, Susana Serracín, el sistema de redes de cerco afecta un número plural de especies marinas del área, como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas, entre otras.
"Cuando en otros países se han adoptado medidas de ordenación y prohibición en materia de pesquería, en Panamá las autoridades promueven el beneficio a los consorcios y el negociado perverso y depredador de nuestros recursos", sostuvo.
En tanto, Judith Calvo, representante de la Cooperativa de Pescadores Artesanales del Barú, habló en contra de las redes de cerco.
El grupo tiene 21 socios y de la actividad dependen 300 personas.
Calvo exteriorizó la preocupación de que los pescadores artesanales desaparezcan.
Informó que la granja de atún de Puerto Armuelles en todos los meses que funcionó solo empleó a 10 panameños.
Isis Pinto, miembro de la Fundación MarViva, explicó que aún no entienden por qué se hizo la eliminación del artículo 11 que prohibía la pesca con redes de cerco en el Parque.
La Asamblea Nacional derogó el artículo 11 de la Ley 44 de 2004 cuando aprobó la Ley 55 de 2008 el pasado 6 de agosto, la que regula el comercio marítimo.
La Comisión de Ambiente de la Asamblea suspendió la entrega del informe de consultas pactado para este martes. Se desconoce la nueva fecha.
Hay 24 organizaciones que piden el documento a los diputados de la Comisión.
