Las manifestaciones hechas por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, sobre una posible investigación en el Ministerio Público contra el diario Panamá América le hacen un daño mortal a la libertad de expresión en el país.
A estas conclusiones llegaron dirigentes de diversos sectores de la sociedad civil organizada que han calificado de lamentables dichas declaraciones.
Varela, en una improvisada rueda de prensa, cuando realizaba un recorrido por las obras del centro de convenciones de Amador, aseguró la existencia de una investigación a lo interno del Ministerio Público relacionada con los diarios del Grupo Epasa, sin embargo, a los pocos minutos la información fue desmentida por voceros de la institución judicial.
Para Miguel Antonio Bernal las declaraciones del presidente Varela son muy graves, porque contradicen los principios de un Estado de derecho y demuestran que estamos ante un Gobierno "ultraviolatorio a uno de los derechos más sagrados, que es la libertad de expresión".
Bernal asegura que Varela ha hecho demostraciones de que "no se lleva con la libertad de expresión en Panamá", al considerar que desde el día uno ha ordenado cerrar programas radiales, como fue en su caso, y se han dado despidos de profesionales de la comunicación, por orden del mandatario.
A juicio de Bernal, las declaraciones del mandatario, además de violar la Constitución, le hacen un daño mortal y moral a la figura de la procuradora de la nación, Kenia Porcell, porque se le está desautorizando en sus funciones.
Quien también reaccionó sobre el tema fue el dirigente del Frente Anticorrupción, Enrique Montenegro, al considerar que si alguien tiene la idea de cerrar el Grupo Epasa, que la rectifique, porque ello no es conveniente para el propio Gobierno.
Montenegro dijo que se está ante un ambiente de tensión en estos momentos, hecho que solo recuerda lo que se vivió en la dictadura militar.
"Esperemos que eso no se dé, porque el principal perdedor sería la democracia del país", dijo Montenegro, al hacer un llamado a las autoridades de este Gobierno a que cesen las presiones y ataques contra esta empresa periodística.
La juventud también se pronunció ante el tema, en la figura de Fredy Pittí, del movimiento Juntos Decidimos, quien considera que el Gobierno debe respetar la libertad de expresión porque tal derecho está estipulado en una ley que establece el principio de transparencia y acceso a la información
Pittí aseguró que una muestra de violación a la ley de transparencia es el hecho de que haya funcionarios de jerarquía en el Gobierno que bloqueen sus cuentas por las redes sociales a periodistas y medios de comunicación.
Informe
Caso Epasa y CB24: El Tribunal Electoral amenazó con imponer una multa de hasta $50 mil a la Editora Panamá América por la publicación de una noticia sobre los resultados de una encuesta de opinión, que colocaba al expresidente Ricardo Martinelli como líder de la oposición panameña. La información fue replicada por el canal internacional de Noticias CB24.
Caso Álvaro Alvarado: El periodista Álvaro Alvarado, quien labora en Medcom, denunció que recibió una alerta de una fuente gubernamental, de entero crédito, de que el Gobierno mantenía un plan de persecución en su contra, primordialmente, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), encargada de rastrear movimientos de dinero, y de la Dirección General de Ingresos (DGI).
