Pese a que funcionarios de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) han señalado que más del 75 por ciento de las áreas bajo custodia de este organismo han sido exitosamente comercializadas, hay denuncias sobre actuaciones de los encargados de la entidad en la que se administran bienes panameños valorados en más de B/. 3 mil millones. Entre las principales críticas que han empañado la labor de las diferentes administraciones que han tenido que organizar, planificar, custodiar y administrar los bienes y áreas que revirtieron al país, conforme a lo estipulado en el Tratado Torrijos-Carter, están la burocracia, corrupción, incapacidad y falta de mantenimiento de las propiedades.
La ARI, creada través de la Ley No. 5 de 1993, tiene bajo su responsabilidad la administración de múltiples bienes, ubicados en una superficie de más de 147 mil hectáreas, de las que casi el 60 por ciento son fundamentales para el funcionamiento del Canal de Panamá. Estas tierras colindan con 11 juntas comunales, entre ellas Ancón, Veracruz, Emperador, Gamboa y Arco Iris, que resienten lo que denominan arbitrariedades por parte de los funcionarios de la ARI, en cuanto al manejo de las áreas y propiedades bajo su custodia y a los beneficios que debieran recibir de estos bienes.
Las principales denuncias han sido presentadas por los concejales de Arraiján, Colón y Panamá, que acusan a la ARI de mezquindad al imposibilitar la adquisición de bienes para el trabajo efectivo de las juntas comunales e incluso para la solución de problemas habitacionales que padecen los moradores de estas zonas. Mayra Zúñiga, presidenta del Consejo Municipal de Arraiján, alega que mientras la ARI dispone de múltiples propiedades en el área oeste de la ciudad, como es el caso de las instalaciones de Howard, a ellos se les ha negado una sede para ubicar la Junta Comunal de Veracruz.
El mismo argumento presenta el concejal de Ancón, Joaquín Vásquez, quien denunció que actualmente la junta comunal tiene que pagar a la ARI la suma de B/. 375.00 mensuales en concepto de arrendamiento. De acuerdo con Vásquez, en enero del 2000 la Junta Directiva de la ARI aprobó a través de la resolución No. 016-200 la asignación de un nuevo edificio para la sede comunal de Ancón, "sin embargo y utilizando subterfugios el administrador de la entidad, Alfredo Arias, se ha negado a entregar la llave".
Para el concejal, llama la atención que esta área, donde actualmente se ubica la sede de la Policía Canalera en Balboa, próximamente albergará el museo Arias Madrid, luego que el Consejo Económico Nacional (CENA) aprobara un contrato entre la ARI y la Fundación Pro Museo, que pagará un valor simbólico de B/. 1.00 mensual por un arrendamiento a 20 años.
Estas denuncias son refutadas por el director de Mercadeo y Promoción de la ARI, Arsenio Fernández, quien argumenta que la venta y adjudicación de bienes por parte de la institución se rigen por disposiciones legales, por lo que no se puede hablar de arbitrariedades. Fernández también recordó que existe un Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Area del Canal, donde se establecen cada uno de los futuros proyectos comerciales, industriales, residenciales y comunales que tendrán las instalaciones y tierras bajo custodia de la entidad. En cuanto al apoyo que se ha brindado a las juntas comunales, detalla que a los municipios se han asignado bienes valorados en más de B/.20 millones, entre ellos instalaciones y sitios para uso recreativo, deportivos e institucional.
Otros voceros de la ARI añaden que para los municipios de Panamá, Arraiján, San Miguelito y Colón, se han asignados globos y lotes de terrenos que albergan proyectos turísticos y recreativos, el mercado agrícola de Ancón, al igual que la corregiduría del lugar. "Sólo la Junta Comunal de Ancón ha recibido terrenos y edificaciones para la construcción e instalación de un centro de salud en Pedro Miguel, la construcción de una capilla y casa parroquial, además de un campo de juego y canchas de balompié en Altos de Curundú, entre otros bienes", enfatizan.
No obstante, el representante de la Junta Comunal de Ancón insiste en que ha solicitado con insistencia que se les facilite las instalaciones de la antigua bolera de Albrook, pero a pesar del estado de abandono en que se encuentran esas instalaciones, no se las han dado. Para Felipe Daniels y Jaime Luna, presidente de la Comisión Accidental de Colón y presidente del Consejo Municipal de Colón, respectivamente, la falta de seriedad de las autoridades de la ARI ha sido la tónica de la actual administración, debido a que se han negado a otorgar a los municipios de Colón tierras para ubicar los vertederos de basura y el cementerio.
Indican que tampoco se ha definido el estatus de los residentes de las comunidades de Arco Iris, Mindi y Gamboa, que tienen hasta 22 años pagando alquileres al Estado sin que se aclare su condición. Pero según el director de Mercado y Promoción, las personas que ganan los contratos, ya sea de las licitaciones y proyectos, son aquellas que cumplen con los requisitos. Expone también que los avalúos de las propiedades son hechos por representantes de la Contraloría de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas.
El funcionario alega que hay que tomar en cuenta que de las miles de hectáreas recibidas por la institución para su administración, hay un gran porcentaje de áreas verdes que nunca podrán ser comercializadas, debido a que se ubican en las riberas del Canal y contribuyen a la preservación de la cuenca hidrográfica. "Estas áreas se han constituido en parques nacionales o reservas forestales, lo que está claramente estipulado en el plan de uso de tierras", manifiesta Fernández. En algunos casos, indica, la ANAM podrá dar un derecho de uso o custodia de áreas a una entidad privada, previo consenso con la ARI, para el desarrollo de proyectos ecoturísticos.
PROPIEDADES EN PESIMO ESTADO
La Autoridad de la Región Interoceánica tiene bajo su jurisdicción cientos de instalaciones, edificaciones y residencias, que en su totalidad tendrán que ser vendidas, alquiladas o concesionadas, mediante un proceso que deberá culminar en el 2005, año en que desaparecerá la entidad, salvo por prórroga legalmente definida. Pese a este ultimátum, el avanzado estado de deterioro de muchas de estas propiedades preocupa a quienes consideran que su mala condición impedirá su posterior venta. También preocupa el incumplimiento por parte de la ARI de los lineamientos establecidos en ciertas áreas para la ejecución de la estrategia de urbanismo denominada "Ciudad Jardín", que busca conjugar elementos naturales con el desarrollo residencial.
A este respecto, el Ministerio de Vivienda tuvo que emitir una resolución en la que obliga a la ARI a cumplir con los preceptos de Ciudad Jardín, conforme lo establecido en el Plan de Uso de Suelo. En este sentido, Arsenio Hernández indicó que "ARI es administrador de las áreas, pero desde el momento en que se venden estos lotes, ya dejamos de tener ciertas responsabilidades". En el caso de las concesiones, agrega, se mantendrá cierta supervisión para que se cumplan con las condiciones impuestas.
El funcionario, a modo de explicación, indica que hay una percepción errada de hasta donde llega la responsabilidad de la entidad, ya que en múltiples ocasiones se les acusa de mantener en mal estado áreas y propiedades en las que ya no tienen jurisdicción. "Instalaciones como el antiguo Club House de Ancón, contiguo al Teatro Balboa, es una propiedad que ya fue entregada en concesión, sin embargo, el nuevo administrador no ha realizado ningún trabajo de inversión y la gente piensa que es la ARI la que lo tiene en ese estado", dijo. Igualmente, aclaró que hay servicios que son competencia de entidades como Cable & Wireless y de las compañías de electrificación, por lo que sus responsabilidades no pueden ser atribuidas a la ARI. Fernández señala también que la institución cuenta con un presupuesto aproximado de cinco millones de balboas, que son utilizados para el mantenimiento de las áreas verdes y de las edificaciones bajo su jurisdicción.
"Hay que reconocer que no se están manteniendo las instalaciones de la misma manera como lo hacían los militares de Estados Unidos y ello se debe a que primero ellos vivían allí, pero sí podemos asegurar que las áreas que tienen mayor prioridad para la entidad por su grado de comercialización se están manteniendo bien", indica. Aduce que ello no significa que las que no se están comercializando en estos momentos se dejan de cuidar, sino que se procuran mayores recursos para las instalaciones y proyectos que están próximos en el calendario de comercialización. Puso como ejemplo el caso de la antigua base de Howard, ubicada en el sector oeste de la provincia de Panamá, cuyas instalaciones se mantienen en un estado óptimo porque están próximas a ser licitadas, representando con ello un enorme beneficio para el país.
"La actual administración ha ido trabajando de forma que a todas las áreas se les dé mantenimiento, conforme van siendo puestas a la oferta pública", expone Fernández. En el caso de las residencias en mal estado, reconoce su existencia y argumenta que son vendidas a precios que se ajustan a su condición. "La ARI no obliga a nadie a comprar una casa; si a la persona le gusta, la compra, y si no le gusta no la compra; es como en cualquier parte del país". Según Fernández, cuando se inicia la fase de comercialización de estas propiedades se destinan los recursos para mejorar sus condiciones.
"Contrario a lo que la gente piensa, la ARI no puede abrir simultáneamente para su comercialización todas las áreas que posee, porque crearíamos un colapso en la industria de bienes y raíces del país", dice el funcionario en cuanto a los motivos por lo que no se colocan para su venta todas estas propiedades. Pero este argumento no es suficiente para la Corregiduría de Ancón, que ha impuesto cinco multas a la ARI por el mal estado en que mantiene muchas de las propiedades bajo su jurisdicción, ni por cientos de panameños que esperan que el beneficio que generan los bienes que revirtieron a Panamá también lo perciban ellos.
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