El Banco Nacional de Panamá (BNP) empezó el año haciendo jugosas transacciones. Esta entidad financiera comprará por 30 millones de dólares, más de la mitad de la participación accionaria que la Nación mantiene en Petroterminal de Panamá S.A.
Pero aquí no acaban las transacciones entre el BNP y el Estado, ya que la institución anticipará los 80 millones de dólares que tiene que entregar en utilidades.
Estas dos decisiones se tomaron en el Consejo de Gabinete celebrado el 16 de diciembre de 2003.
Con respecto a la compra de las 52,610 acciones de las 88,000 existentes, un representante del Gobierno explicó que esta operación se realizó porque el BNP está en busca de transacciones que mejoren su solidez, ante el bajo rendimiento que otorgan los depósitos bancarios.
Según la fuente, con la reactivación de las operaciones de Petroterminal, el BNP apuesta a que los ingresos que genere la compañía mixta sean más rentables.
De acuerdo con lo aprobado en Consejo de Gabinete, el negocio se condicionará a un convenio de recompra amortizable a partir de año 2005, con abonos mensuales de 500,000 dólares.
Los dividendos, regalías y comisiones que produzcan las acciones se transferirán al BNP, el que a la vez las transferirá al Estado, a través de las utilidades mensuales pagadas al Gobierno Nacional.
Con respecto al adelanto de 80 millones de dólares que el BNP le dará al Estado, la fuente mencionó que esta transacción es normal, ya que los cierres fiscales de la entidad financiera y el gobierno central no coinciden.
El Gobierno cierra su período fiscal en diciembre, mientras que el BNP lo hace en marzo. Es decir, que para no atrasar por tres meses la entrega de dinero que se tenía que dar en el 2003, se toma la decisión.
Estos 80 millones serán depositados en la cuenta 210 del Tesoro Nacional y se repartirán mensualmente en el 2004, sin descuidar las aplicaciones de otros compromisos con la Deuda del Sector Público.
Para este anticipo de utilidades se adicionó un parágrafo transitorio al Decreto de Gabinete No. 53 de 1998, firmado por el anterior presidente Ernesto Pérez Balladares, y que autoriza la reestructuración de la deuda del Sector Público.
