La Defensoría del Pueblo recibió las quejas de 62 servidores públicos que padecen enfermedades crónicas y que fueron destituidos de sus puestos entre los meses de julio y agosto de este año.
De acuerdo con el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, este hecho es ilegal.
Recordó que la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005 consagra que todo trabajador al que se le detecte enfermedades crónicas que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico.
Instó a las autoridades del Estado a reintegrar a los funcionarios destituidos que se encuentren amparados por esta norma.
