Más de un millón de panameños entre trabajadores y patronos que pagan seguro educativo fueron víctimas del desfalco al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).
Los protagonistas de este delito fueron una red de personas conformada por Joaquina Gallardo, sobrina de la viceministra de Educación y ex contadora del FECE, docentes, funcionarios y empresarios.
La organización del crimen maquinó y operó por dos años con el fin de lucrar injustamente con los dineros destinados para las escuelas de San Miguelito.
Su forma de delinquir fue muy variada. Cambiaban cheques de manera irregular, contrataban a empresas que nunca existían, cotizaban obras por el doble y triple de su precio o simplemente pagaban coimas.
Cada movimiento estaba calculado, las transacciones parecían transparentes y en cada año que pasaba daban un gran golpe a la población laboralmente activa del país.
Las cifras más recientes de Contraloría General de la República (CGR) sostienen que en Panamá laboran 1,357,059 personas, las cuales aportan cada año más de B/. 85 millones en seguro educativo.
De esta cantidad se destina un 27% al FECE, es decir B/. 23.7 millones para los centros educativos.
Para que tenga una idea, si usted cobra B/. 500.00 le descuentan por ley 0.75 % de su salario para el seguro educativo, cantidad que estaría entre los B/.8.00 ó B/. 9.00, mensualmente.
Al año estaría aportando más de B/. 100.00 y en un década más de B/.1,000.00.
Igualmente a los patronos les corresponde contribuir con el 1.25% de los salarios básicos pagados.
De ese tributo permanente que pagan los trabajadores y patronos fue del que se apoderó Joaquina, con los demás facinerosos.
La plataforma preparada para los actos de corrupción les permitió extraer B/. 1.3 millón sólo con los cambios de cheques. Aunque todavía no se ha contabilizado cuánto pudieron obtener con los sobreprecios y las obras que nunca llegaron a realizarse en las escuelas y colegios.
Pero en base a la cifra oficial se puede concluir que los principales afectados con este desfalco fueron los más de 70 mil estudiantes de primaria y secundaria, en San Miguelito.
Comparaciones. De acuerdo a las propias proyecciones del Ministerio de Educación (MEDUCA), con B/. 30 mil se pueden construir un aula inclusiva y una biblioteca.
Basados en esta estimación podemos señalar que con B/. 1.3 millón se pudieron haber hecho en esa región más de 40 aulas inclusivas y más de 40 bibliotecas.
Asimismo un aula teórica le cuesta al Estado B/.20 mil.
Esto nos lleva a pensar que con B/. 1.3 millón se pudieron haber realizado 65 aulas teóricas en toda la zona de San Miguelito.
La construcción de un servicio sanitario de cuesta a MEDUCA B/. 5 mil, por lo que con B/. 1.3 se pudieron haber edificado 260 obras de ese tipo.
Sólo basta con hacer un recorrido por comunidades de San Miguelito, para ver las necesidades que enfrentan muchas escuelas y los grandes sacrificios que hacen los padres de familia para llevar a sus hijos a los colegios.
Las autoridades de MEDUCA bautizaron este año como el de la calidad de la educación, no obstante, la desviación de estos fondos impedirá que se lleve acabo dicho fin en este distrito.
Pero así como aconteció en esta zona, hay muchas denuncias por partes de gremios docentes entre ellos el Frente de Acción Magisterial (FAM), que lo mismo se está dando a nivel nacional.
Para este grupo el caso de los "FECE dólares" representó un "atentado a la educación panameña", ya que se violentó el derecho que tiene todas las personas a recibir una educación digna.
Seguro Educativo
- El seguro educativo fue creado por medio del Decreto de Gabinete 168 de 1971.
- El mismo es para sufragar los gastos de los colegios y las escuelas oficiales del primer nivel de enseñanza y de la educación media.
- La distribución se hace dependiendo de la cantidad de estudiantes.
Registros hasta 2004 no tenían irregularidades
La principal implicada en el desfalco al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), Joaquina Gallardo en declaración exclusiva a Panamá América, denunció que el gobierno anterior había borrado conciliaciones bancarias de 2003 y 2004.
Manifestó que "no existía" evidencia de los manejos que se les dio a estos fondos, quedando las conciliaciones incompletas. "La gente del gobierno pasado desapareció todos los papeles", expresó.
Ante la denuncia, la ex ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, expresó que el informe del FECE hasta el 2004, fue entregada al ministro entrante, (Juan Bosco Bernal), en las direcciones regionales, en la misma oficina adjunta al despacho del titular y en la página web del ministerio. "No sé si ahora lo borraron".
Indicó que desde el 2002 que se creó el FECE hasta el 2004 "los registros no presentaron ninguna irregularidad. Fue antes cuando " se perdieron más de B/.1,000 mil millones destinados a 264 centros educativos". Considera que la causa de este desfalco pudo ser la liberación de los controles previos a partir de enero de 2005.
Por su parte, la ex directora regional del FECE, Betzy Guzmán, aceptó haber llamado a Gallardo para que le informara qué problema había surgido en la oficina. "Ese día estaba reunida con el ministro de Educación y su tía, la viceministra Zonia Gallardo", precisó. Negó contar con copias de llaves de los archivos del FECE.
Indicó que quienes tenían este acceso eran Luis Rodríguez, encargado de la oficina del FECE, y la propia Gallardo.
