El abogado Víctor Martínez, representante legal de los sobrevivientes Luis Contreras y Lidia Atencio, sostuvo que esta asistencia judicial revela que no hubo transparencia por parte de quienes vendieron el bus.
Martínez indicó que ahora se debe establecer donde se le instaló el sistema de aire acondicionado al transporte y por qué esta situación no se informó inicialmente a la fiscalía.
Estimó que este documento permitirá asignar responsabilidades a las personas encargadas de la introducción del autobús 8B-06.
La pasada semana la fiscalía remitió al Juzgado Primero Penal la ampliación de las investigaciones, en donde se solicitó analizar otros posibles delitos en la concesión de los préstamos.
El bus 8B-06 se incendió el 23 de octubre pasado a la altura del paso vehicular Martín Sosa.
Durante la reconstrucción se estableció que la presencia de gases inflamables y la mala colocación del cableado de aire acondicionado ocasionaron el fuego.
Un bus "gemelo" se usó en la diligencia.
Tras la salida de Posada Carriles el Ministerio Público abrió una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por ex funcionarios de la administración de la presidenta Mireya Moscoso.
Algunos de los procesados en este caso han señalado que se trata de una persecución política, ya que no quebrantaron norma alguna.
